La Cancillería afirmó que cumple con los exhortos por la causa en Uruguay contra Lázaro Báez

El ministerio que conduce Héctor Timerman negó que trabe los trámites judiciales entre ambos países. En Montevideo se investigan  sociedades y vuelos que involucran al empresario con lavado de dinero

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El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó las denuncias periodísticas sobre una presunta voluntad por parte de las autoridades para demorar trámites vinculados a la investigación que se realiza en Uruguay contra el empresario santacruceño Lázaro Báez. "Son falsas las denuncias", refutó la cartera en un comunicado.

Ante las versiones sobre el excesivo tiempo que se tomaría para cursar los exhortos entre juzgados de ambas márgenes del Río de la Plata, la Cancillería detalló su obrar en cada caso, con lo que además evidenció que fue en el país vecinos donde se originaron las demoras.

La nota precisó que hubo dos exhortos dirigidos a Uruguay del juzgado argentino relativos a la causa caratulada "Báez, Lázaro y otros s/ encubrimiento y otros", y aseguró que tardó 6 días hábiles en tramitarlos.

Uno estaba relacionado a la propiedad El Entrevero, en el que la Justicia no aceptó el pedido de asistencia solicitada por declarar de carácter reservado a la causa; el otro era una solicitud de información por parte de organismos gubernamentales y entidades financieras sobre personas físicas y jurídicas. En ambos casos la parte uruguaya demoró 8 meses para dar respuesta, precisó.

En tanto, hubo tres exhortos emitidos por el juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno de Montevideo. Sus destinos fueron: "Al Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti", "A las Autoridades Judiciales de la República Argentina" y "Al titular del Juzgado N° 7 de la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional de Argentina (Dr. Alberto Sebastián Casanello)".

El ministerio informó que entre las irregularidades procesales que motivaron la devolución se cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación "se encuentra fuera de la jurisdicción asignada por la Constitución Nacional y las leyes argentinas sobre el diligenciamiento de pedidos de asistencia jurídica formulados por otros países". Y añadió que tras el envío a las autoridades judiciales uruguayas, las mismas enviaron los pedidos unificados conforme a derecho recién 8 meses después.