Linchamiento, una práctica "superada" que sigue vigente en América Latina

Argentina es el último país en el que los linchamientos volvieron a ponerse en el centro del debate público. Una polémica que los juristas creían superada se ha reinstalado: ¿es legítima la justicia por mano propia?

La opinión pública argentina quedó conmovida luego de que se conociera al menos una docena de casos en los que vecinos de distintas ciudades del país evitaron robos y luego intentaron ajusticiar a los ladrones.

Lo más grave ocurrió el sábado 22 de marzo en Rosario, provincia de Santa Fe. Luego de que dos jóvenes que se desplazaban en moto le arrebataran la cartera a una mujer de 21 años, un grupo de transeúntes los interceptó. El conductor escapó, pero su acompañante, David Moreyra, quedó tirado en el piso. Como resultado de la brutal golpiza que recibió, murió 48 horas más tarde.

Lo ocurrido causó una gran conmoción por ser inédito en Argentina, y porque tuvo diversas réplicas en otras provincias, como Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Río Negro. Pero no es algo tan infrecuente en el resto de América Latina.

El ejemplo paradigmático es Bolivia, donde la Constitución sancionada en 2009 reconoció la justicia de los pueblos indígenas. El problema es que algunas comunidades reconocen el linchamiento como una forma de castigo para ciertos delitos, lo que dejó a una serie de prácticas en un estado intermedio entre la legalidad y la ilegalidad.

Amparados en ese vacío, miembros de distintas comunidades llevan a cabo castigos brutales sin intermediación de ninguna instancia judicial. Por ejemplo, en junio de 2013 se produjeron cuatro linchamientos en una sola semana.

En uno de los casos más escandalosos, un joven de 16 años fue golpeado y enterrado vivo por pobladores del municipio de Colquechaca, ubicado a unos 330 kilómetros al sur de La Paz. Lo acusaban de haber violado y asesinado a una mujer de 35 años. Horas antes, dos jóvenes de 17 y 21 años habían sido quemados vivos por campesinos del pueblo de Tres Cruces, en Potosí, acusados de haber asesinado a un taxista.

En Perú los linchamientos más recientes estuvieron asociados a grupos organizados. Los protagonistas fueron miembros de las Rondas Campesinas, grupos armados que realizan tareas de vigilancia y prevención del delito.

Una ley de 2002 les dio potestad para hacer uso de la violencia en sus comunidades, lo que disparó las denuncias de asesinatos y castigos en los que no se respetó el debido proceso.

En enero de 2014, integrantes de las Rondas Urbanas de Cajamarca irrumpieron violentamente en un prostíbulo y castigaron con látigos a las prostitutas y a los empleados del establecimiento, al tiempo que los obligaron a realizar flexiones de brazos. Todo quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en internet.

Semanas después se conoció que Elesmira Zárate Argomedo, de 68 años, había sido asesinada por ronderos que la consideraban una hechicera maligna que hacía magia negra.

El fenómeno también ha sido registrado en México. En 2013 empezó a circular en internet un video que mostraba cómo la comunidad indígena del poblado Las Ollas, en el estado de Chiapas, linchaba y prendía fuego hasta la muerte a tres jóvenes que habían sido descubiertos deshaciéndose del cadáver de una joven de 24 años.

Allí tampoco fue un hecho aislado, ya que en distintas regiones del país se registraron casos similares. A esa problemática se suma en México

, organizaciones civiles armadas que nacieron para proteger a los pueblos de los carteles del narcotráfico.

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