EFE 163
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"Ni los mismos magistrados han podido explicar de qué se trata todo esto", aseguró Alonso Medina Roa, abogado de Scarano, el opositor alcalde del municipio de San Diego, en el Estado de Carabobo.

El dirigente fue culpado por el presidente Nicolás Maduro de organizar las movilizaciones opositoras y de instigar acciones violentas e ilegales. Horas más tarde de que lanzara su acusación, la justicia actuó en contra de Scarano con una velocidad inusitada.

"La Sala Constitucional actuó como un tribunal penal. Se desarrolló un juicio sumarísimo, en el cual ni siquiera hubo una acusación de parte del Ministerio Público. Teníamos 47 testigos y, sin criterio alguno, se nos dijo que sólo aceptarían cinco. Apenas se nos concedieron diez minutos, compartidos entre el alcalde y yo, para exponer los alegatos de defensa. El TSJ avaló los testimonios de cinco guardias nacionales, una vecina de San Diego y un video con señalamientos del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra Scarano. Todo se resolvió al final de una audiencia de 8 horas", explicó el letrado, en diálogo con El Nacional.

"Esto no tiene precedentes en el país. Es tan absurdo como una condena a pena de muerte. Si lo hizo la Sala Constitucional, cuyas sentencias tienen carácter vinculante, cualquier tribunal que conozca de un procedimiento de amparo puede hacer lo mismo. Si damos por buena esta decisión cualquier alcalde puede ser destituido sin fórmula de juicio", dijo el jurista Alberto Arteaga Sánchez, también consultado por el periódico venezolano.

La situación es cada vez más delicada para los opositores al chavismo, porque la justicia ya no guarda las formas y actúa abiertamente como se lo exige el Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurrió en los casos del líder opositor Leopoldo López, preso desde hace más de un mes luego de que Maduro lo condenara públicamente, y el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos.

El proceso contra Scarano había comenzado el 7 de marzo, en el marco de las masivas protestas de estudiantes contra el gobierno. Entonces un grupo de empresas aduaneras y transportistas lo responsabilizaron por las barricadas colocadas en algunas vías de San Diego.

El Gobierno le exigió a través de un amparo que despejara los caminos, pero él se rehusó. Por eso lo acusaron de desacato.

Pero como se trata de un delito, el primer paso debería haber sido una investigación por parte de la fiscalía, con pleno derecho a la defensa para el acusado, a fin de que se respete el debido proceso.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia ejecutó una suerte de juicio sumarísimo que en unas horas lo condenó y destituyó sin respetar ninguna garantía.

"

Tratan de infundir miedo

, como el dicho aquel: 'Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo'", sintetizó el abogado penalista José Luis Tamayo.