Pareciera que estamos condenados a vivir en el país de los desencuentros. Salvo en rarísimas oportunidades, los argentinos siempre encontramos la forma de pararnos en veredas opuestas en lugar de caminar todos juntos por la misma avenida. Esta vez lo que nos divide es la reforma al Código Penal.

La primera objeción que debo formular es la oportunidad en la que se la plantea. Nuestro país esta inmerso en una tremenda ola de inseguridad que cobra vidas de inocentes todos los días, no diferenciando entre civiles o policías. Está a la vista que las fuerzas policiales se encuentran plenamente desbordadas y superadas por la delincuencia. Ello obligó al Gobierno a tomar la decisión de desguarnecer las fronteras, retirando de allí a la Gendarmería para reasignarla al conurbano bonaerense.

Otro flagelo que se suma al de la delincuencia común es el del narcotráfico que, a excepción de Berni, ya nadie duda que se encuentra totalmente instalado en el país. Daría la sensación que ante tanta pasividad de las autoridades durante tantos años, estos "señores del mal" han infiltrado tanto a las fuerzas de seguridad como a la política. Lo que está sucediendo en Rosario, Mendoza o en esta Ciudad de Buenos Aires da buena prueba de ello. Tanto es esto así, que hasta se ha llegado a replantear si las Fuerzas Armadas deben intervenir o no en la lucha contra el narcotráfico. Las cárceles tampoco escapan a esta realidad: ya no sorprende la noticia de la "fuga" del día. Para las autoridades carcelarias pareciera una misión imposible retener a los delincuentes entre rejas.

Dentro de este cuadro, también destacan los cortes de rutas y calles llevados a cabo por movimientos o agrupaciones que se sienten con más o mejor derecho que el resto de los ciudadanos. Se volvió una costumbre tener que soportar estoicamente el caos que esto genera y convivir con la sensación de que o bien hay ausencia del Estado, o en caso de haber estado, éste permite los desbordes y/o abusos de quienes no entienden que sus derechos terminan donde empiezan los de los demás. Este escenario se refleja de manera inmediata en las encuestas, donde la sociedad plantea como una de sus mayores preocupaciones "la inseguridad".

Finalmente, estamos a las puertas de un fin de ciclo con un gobierno que va concluyendo su mandato, y que ha sido gran responsable de la división que hoy fractura a la sociedad. Pareciera haber perdido el consenso que otrora pudo haber tenido, en lo que respecta a la aprobación de su gestión, según dan cuenta las últimas encuestas.

En el marco de este escenario, se nos presenta un proyecto de reforma al Código Penal, que pareciera más dirigido a profundizar la división entre los argentinos que a lograr consensos que nos hagan encontrar y caminar en una misma dirección.

A nadie se le puede escapar que una reforma al Código Penal es necesaria. Existe mucho desorden en torno a la normativa penal, con leyes por doquier que en muchos casos incluso llegan a contradecirse, o generan situaciones ridículas otorgando mayor pena a un delito menor por sobre uno màs importante. De igual suerte, con el transcurso del tiempo, han aparecido delitos nuevos, como los informáticos o los vinculados a Internet que merecen una regulación específica. Hoy por caso el fraude marcario mueve más dinero en el mundo que el propio narcotráfico; pese a ello, practicamente no tiene sanción alguna.

Sin embargo, el proyecto de reforma que se nos presenta no pareciera estar encaminado en esa dirección, sino mas biendirigido a dotar de mayores beneficios al que delinque, proporcionándole un muy amplio abanico de posibilidades para eludir la responsabilidad penal. Pareciera que quienes han integrado la comisión redactora se han alejado ex profeso de la realidad que vive el país, haciendo oídos sordos del reclamo social, y solo se han preocupado por la suerte del delincuente.

En ese transcurrir, han desvirtuado la escencia del Código Penal. Se han olvidado de las víctimas y solo han pensado en el victimario. Es cierto que un Código Penal per se no va a solucionar el tema de la inseguridad, pero no es menos cierto que un mal Código lejos de solucionar el tema lo va a profundizar. Las normas penales deben estar escritas para disuadir al criminal, y no para alentarlo en la comisión del delito.

Subir la edad de inimputabilidad de 16 a 18 años va a contramano del mundo. Con tan solo echar una mirada de lo que sucede entre nuestros vecinos o en países de Europa, advertiremos lo desafortunado de tal propuesta. No solo ello, sino que es totalmente contradictorio con lo que alentó este gobierno afirmando que un jóven a los 16 años está en condiciones de votar. Si puede decidir los destinos suyos propios y los de todo un país, ¿cómo no va a estar en condiciones de asumir su responsabilidad por un ilícito penal?

Eliminar la reincidencia es otro de los mas grotescos yerros. Conductas reiterativas no pueden conllevar la misma sanción que un hecho aislado. ¿Cómo es posible que esta comisión redactora pueda sugerir que los antecedentes no son importantes a la hora de definir responsabilidad y peligrosidad? ¿Cómo es posible que no se tome real conciencia de la gravedad del narcotráfico, y se proponga disminuir penas y hacerlo un delito excarcelable? Pareciera que los responsables de este proyecto desconocen que en la actualidad es practicamente imposible controlar el cumplimiento de las condenas comunitarias. Sin embargo proponen que el 86% de las condenas se cumplan en el domicilio. ¿Cómo es posible que ser menor de 21 años pueda ser un atenuante, o defenderse y lastimar al delincuente sea causal de atenuante?

Mas bien, pareciera que gran parte de este proyecto estuviera redactado "por el absurdo", como queriendo provocar y no resolver. De lo contrario, refleja una negación total a aceptar la realidad que vive el país. No se entiende de otra forma.

El autor del artículo es abogado, especialista en Derecho Comercial. Socio del estudio Doctores Porcel, fundado en 1921