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"Es triste, da pena y causa indignación esta persecución que se viene materializando día a día", se quejó el suspendido fiscal José María Campagnoli al enterarse de que su equipo de colaboradores fue desalojado de la oficina que ocupaban en la Fiscalía Núñez-Saavedra.

Uno de los integrantes de la SIPE, que investigó al empresario Lázaro Báez, aseguró que el "destierro" que sufrieron es "una represalia más" por su trabajo. "Nos obligaron a abandonar nuestras oficinas y a presentarnos a trabajar en el archivo", reveló a través de las redes sociales.

La noticia llegó rápidamente a oídos de Campagnoli, quien volvió a denunciar la persecución que sufre desde que comenzó a investigar causas que pueden tener algún tipo de vínculo con el gobierno nacional. "No voy a tener la secretaría importante que tenía a mi cargo, va a estar una vez más esterilizada la posibilidad de avanzar en cualquier investigación que se pueda hacer con la SIPE".

"Los mandaron a un sótano en el centro. Yo las últimas instrucciones que di fue que preserven todas las pruebas y elementos que hay hasta que, si Dios quiere, yo vuelva. Si tengo la fortuna de volver, no voy a encontrar nada, están materializando la suspensión", denunció públicamente.

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Sin una orden escrita, sólo con una llamada telefónica, la decisión se cumplió y se mudó toda la oficina al centro de la Ciudad. Campagnoli cuestionó el procedimiento: "Se necesita una orden, que alguien firme y se haga cargo de esto. No puede venir un funcionario a decir por teléfono que 'se tienen que ir'".

Pero el suspendido fiscal tiene esperanzas de que el gremio se pronuncie. "Acá alguien tiene que escribir y hacerse cargo; vamos a pedir una reunión con Julio Piumato para ver qué está pasando". "Más allá de mi investigación, que puede haber molestado a algún grupo poderoso, se están metiendo con gente joven, que es el futuro del país, y van viendo cómo se arrasa cualquier posibilidad de hacer una investigación seria y de trabajar por una república mejor", se quejó.

Sobre el desarmado y la sorpresiva mudanza, Campagnoli insistió en la necesidad de tener una orden escrita. "Si hubo una cuestión administrativa para crearla, tiene que haber una norma de igual rango o mayor para disolverla; lo que pasa es que hoy en día todo lo que uno sabe de derecho y lo que puede escribir pasa por un tamiz muy distinto a lo que te enseñan en la facultad", se lamentó.

En declaraciones a la prensa, el ex titular de la SIPE explicó que toda la documentación sobre la causa de la ruta del dinero K está a resguardo en los juzgados correspondientes. "En el archivo sólo hay copias y herramientas que utilizamos para analizar y esclarecer los casos", aclaró.

Mientras la persecución política se materializa, Campagnoli aguarda que "el Tribunal de Enjuiciamiento defina el día para iniciar el jury, para definir si es removido definitivamente. "Hasta ahora no hay fecha; esta situación me perjudica y me preocupa, porque cada día que pasa, cada día que yo no puedo ejercer mi magistratura de fiscal, es una cuestión que no tiene vuelta atrás".

El funcionario judicial presentó en los últimos tiempos varios amparos y medidas cautelares para revertir su suspensión. "Vamos a seguir trabajando y haciendo todos los esfuerzos para apurar esto; espero que salga el jury cuanto antes y salga la verdad a la luz, para poner un poco de cordura en todo esto. Voy a revelar unas cuantas cosas", concluyó.