"Los saqueos no van a quedar impunes", prometió Garzón al hacer un balance de las investigaciones sobre los hechos registrados en varias localidades de Córdoba durante el 3 y 4 de diciembre. Al anunciar el acuerdo con la Policía que mermó la tensión que aquejaba a la provincia por esos días, el gobernador José Manuel de la Sota había anticipado que la Justicia actuaría contra quienes protagonizaron los robos.
En diálogo con el sitio Infojus, el fiscal comentó que las primeras acciones derivaron en 200 detenciones, pero muchas de esas personas obtuvieron luego la excarcelación mientras prosiguen encausados por los delitos de "robo calamitosos", "encubrimiento agravado", "agresiones" y "daños calificados".
En la actualidad –precisó– hay 80 imputados, de los cuales más de la mitad se encuentran detenidos. Garzón dispuso la prisión preventiva de diez de ellos.
Garzón reveló que aún no hay ningún policía detenido, pero la causa buscará conocer los vínculos familiares y profesionales de las personas imputadas con efectivos de la fuerza de seguridad. "Si le cupo a la policía algún tipo de vinculación con los hechos, vamos a avanzar con eso".
Los saqueos, según la fiscalía, se centraron en productos "de segunda y tercera necesidad" y en ningún caso se detectaron artículos alimentarios u otros de primera necesidad, por lo que "las penas podrían ser superiores a los tres años de prisión, y por ende de cumplimiento efectivo".
El fiscal avanza con el relevamiento de material fílmico y el análisis de información volcada en las redes sociales durante las 48 horas caóticas de la capital mediterránea cuando, en medio de la huelga policial, se volcaron en las redes imágenes con consignas de incitación al delito.