Bolivia: empresario que denunció extorsiones regresó a EEUU

Jacob Ostreicher dejó Santa Cruz de la Sierra y volvió a su país después de pasar un año y medio encarcelado y otros 12 meses con prisión domiciliaria. Fue víctima de una red judicial de chantaje

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 AP 163
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Un hombre de negocios de Nueva York que estuvo detenido más de dos años en Bolivia sin que se le formularan cargos como parte de una investigación sobre lavado de dinero llegó el lunes a los Estados Unidos, dijo el Departamento de Estado, el hecho más reciente de una saga que llevó a fiscales bolivianos a acusar de corrupción a funcionarios de alto nivel en el país andino.

Un funcionario del departamento de Estado, que accedió a hablar del asunto bajo condición de no ser citado por su nombre porque no estaba autorizado a revelar detalles, confirmó solamente que Jacob Ostreicher había partido de Bolivia. El departamento no dio detalles sobre su partida o su viaje a los  Estados Unidos, dijo el funcionario.

Los familiares de Ostreicher habían contactado a The Associated Press el lunes temprano para informar que no habían sabido nada del empresario en los últimos días y que temían que hubiese sido secuestrado.

Más tarde, un hermano, Aron Ostreicher, llamó para decir que Ostreicher podría estar en los Estados Unidos. El hermano dejó luego de contestar el teléfono y el correo electrónico.

La hija de Ostreicher, Gitty Weinberger, dijo el lunes por la noche en una entrevista telefónica desde su casa en Nueva Jersey que se le había informado que su padre había llegado sano y salvo a los Estados Unidos, pero que todavía no habían hablado.

Funcionarios del gobierno boliviano dijeron que no sabían si Ostreicher había abandonado el país, pero que estaban al tanto de las versiones.

El viceministro del Interior boliviano, Jorge Pérez, señaló que habría sido difícil para Ostreicher salir del país, dada la atención de los medios de comunicación a su caso. El coronel Edmundo Rivero, jefe de la policía en la ciudad de Santa Cruz, donde Ostreicher fue puesto bajo arresto domiciliario, dijo que estaba consultando con las autoridades de inmigración sobre la posibilidad de que el estadounidense hubiese partido de Bolivia.

Ostreicher pasó 18 meses en una cárcel boliviana sin que se le encausaran cargos en relación con señalamientos de lavado de dinero para tratar de salvar una empresa de cultivo de arroz. Fue puesto en libertad hace un año bajo arresto domiciliario después de que el actor Sean Penn y varios legisladores estadounidenses apelaron directamente al presidente Evo Morales para que lo pusiera en libertad.

El caso llevó a que las autoridades bolivianas implicaran a un juez, los fiscales iniciales y funcionarios de nivel inferior en un supuesto plan para extorsionar a Ostreicher y otras personas porque habrían tenido la impresión de que eran adinerados.

Ostreicher, un judío ortodoxo que tiene un negocio de colocación de pisos en Brooklyn, se quejó desde el momento en que fue encarcelado en junio de 2011 de que estaba siendo esquilmado por funcionarios corruptos.

Su caso ganó más notoriedad cuando acusó a la administradora original de la empresa de arroz en problemas, una colombiana que también fue encarcelada, de defraudar a varios inversionistas e involucrarse con un narcotraficante brasileño.

Ostreicher denunció después que los fiscales y otros empleados del gobierno habían vendido ilegalmente 18.000 toneladas métricas de arroz de la empresa y que no sólo le robaron equipos, sino que le exigieron un pago de 50.000 dólares para sacarlo de la cárcel.

"Ellos me robaron cerca de 50 millones de dólares en activos", dijo Ostreicher en una entrevista con The Associated Press hace un año. Dijo que además del arroz, unos 900 bovinos desaparecieron de la propiedad, junto con 37 tractores y maquinaria de cosecha.

Las autoridades bolivianas han dicho desde entonces que 15 personas han sido detenidas bajo sospecha de participar en la presunta red de extorsión, incluso un asistente del director jurídico del Ministerio del Interior.

En junio, los fiscales dijeron que entre los detenidos, dos funcionarios de bajo rango se habían declarado culpables y estaban cooperando, con la esperanza de cumplir menos tiempo en la cárcel.