Carrió denunció a Gils Carbó por la suspensión de Campagnoli

La diputada nacional amplió una presentación por abuso de autoridad contra la procuradora general, quien decidió suspender al fiscal que inició la causa contra Lázaro Baéz. El bloque parlamentario del PRO pide juicio político

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La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica ARI en UNEN) y la presidente de la CC ARI de Santa Cruz, Mariana Zuvic, se presentaron este martes ante el Juzgado Federal 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi para ampliar la denuncia por encubrimiento agravado y/o el abuso de autoridad contra la procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, quien decidió suspender al fiscal José María Campagnoli por su investigación sobre lavado de dinero en la que está imputado Lázaro Baez.

Las dirigentes de la CC ARI denunciaron que Gils Carbó separó a Campagnoli "en base a acusaciones que la Procuradora General  toma de denuncias efectuadas precisamente, por partes interesadas en las causas a quienes por supuesto, no les era de su conveniencia, que el fiscal tomara ningún tipo de medida a fin de investigar los hechos. Viéndose beneficiadas en cambio, por la inactividad observada por los denunciados en autos".

"El verdadero objetivo de la procuradora general con su resolución, no es otro que el de 'aleccionar' al magistrado simplemente por investigar, y a la vez, de efectuar una clara 'advertencia' al resto de los integrantes del Ministerio Público a su cargo. Perfeccionándose un nuevo accionar que podría configurar encubrimiento agravado", señalaron las dirigentes de la CC ARI. Las dirigentes se presentaron en un expediente en el que se investiga si hubo encubrimiento de Gils Carbó y otros funcionarios de la Procuración cuando se inició la causa en la que está imputado Báez.

En la ampliación de denuncia  dijeron: "Solicitamos se investigue si además del accionar ya denunciado mediante el cual los imputados habrían intentado frustrar la investigación en curso no promoviendo diligentemente la acción penal por sí y especialmente negándose a realizar las diligencias probatorias solicitadas en varias oportunidades por el Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Guillermo Marijuán; estamos enfrente a otro accionar, protagonizado por la Dra. Gils Carbó, quien pese a su deber de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, estaría actuando gobernada por otros intereses. Como el de encubrir las conductas criminosas de los imputados en la causa 'BAEZ, LAZARO y otros s/encubrimiento, asociación...', que como dijimos, se sospecha, vinculan a los imputados con las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional".

Carrió y Zuvic subrayaron que "vale destacar además, que previamente, tanto el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones, doctor Joaquín Ramón Gaset, como la jueza María Gabriela Lanz, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 42, habían rechazado la recusación del doctor Campagnoli planteada por las defensas técnicas de algunos imputados" y remarcaron: "Es así que aun cuando la defensa de Lázaro Báez pidió que todo sea declarado nulo y que el caso pase a la Justicia federal a fin de apartar al fiscal Campagnoli de toda investigación a su respecto; y la Cámara del Crimen finalmente le envió toda la causa al juez federal Sebastián Casanello, este tribunal convalidó la investigación realizada hasta entonces por el Dr. Campagnoli".

"En rigor, lo que ha ocurrido es que en la Fiscalía de titularidad del Dr. Campagonoli existía una denuncia en la cual el financista Federico Elaskar estaba acusado de fraude, cuando habiendo tomado conocimiento a través del programa 'Periodismo para todos', emitido el 14 de abril de 2013 por el canal 13 de televisión abierta, del caso de los 'arrepentidos' Leonardo Fariña y Federico Elaskar, el magistrado impulsó de oficio –como es su facultad e incluso su deber como representante de la vindicta pública–, una investigación contra Lázaro Báez, por el delito de extorsión en perjuicio de Elaskar (causa n° 26.131/2013 caratulada 'Báez, Lázaro y otros s/extorsión', del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 42, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 10). Ello, ante la sospecha que aquel hubiera intimidado a éste último, con el fin de apropiarse de su financiera SGI", sostuvieron.

El pedido del PRO

Además del planteo de Carrió, el bloque de Unión-PRO en el Congreso presentó un pedido de juicio político contra la procuradora al considerar que "desde su asunción en el cargo, el 29 de agosto de 2012, y luego de la salida intempestiva del Dr. Esteban Righi, ha sido contrario al conjunto de normas que regulan la actividad del Ministerio Público Fiscal y que exigen de quien ostente el cargo (...) características de idoneidad e imparcialidad a fin de actuar "bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República" de acuerdo con lo que establece el artículo 5 de la Ley 24.946".

"Las acciones y decisiones adoptadas por la Dra. Gils Carbó han significado un ataque tanto al Poder Judicial de la Nación como a la institución que ella conduce, afectando su independencia y conculcando el derecho constitucional de acceso a la justicia consagrado en los instrumentos internacionales con idéntica jerarquía", indicó el texto. "Resulta evidente y razonado que la Dra. Alejandra Gils Carbó ha incurrido en las causales de mal desempeño y comisión de delito en el ejercicio de su función, correspondiendo entonces a esta Cámara de Diputados la acusación respectiva y su pedido de suspensión en el cargo y al Senado su juzgamiento y posterior destitución", añadió.

Entre los motivos que la bancada macrista expuso para defender su solicitud figura el pedido de suspensión de Campagnoli. "Una cuestión de especial gravedad institucional, por el carácter de la investigación, merece el apartamiento y posterior pedido de enjuiciamiento al Dr. José Campagnoli promovidos por la Procuradora", señaló. "En este caso, la Procuradora General de la Nación suspendió provisoriamente al fiscal José Campagnoli por su actuación en la causa por la supuesta extorsión y amenazas de Lázaro Báez a Federico Elaskar para la venta compulsiva de la financiera SGI (conocida luego como "La Rosadita"), tal como fue denominada en distintos medios de comunicación", precisó.