La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se realice el juicio de una de las causas de corrupción que marcaron al menemismo por presunto pago de sobreprecios en el orden de los 120 millones de la Dirección General Impositiva (DGI) a IBM por la puesta en marcha de dos sistemas informáticos en 1994.
Luego de 212 declaraciones testimoniales, 80 declaraciones indagatorias, 16 allanamientos, 2 peritajes y un informe técnico realizado por el Banco Central de un año y 10 meses de duración, la causa vuelve a tener vigencia, y más aún, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Gemignani, de la Sala IV, ordenaron que se prosiga con la realización del juicio que nunca tuvo lugar.
El Tribunal Oral Federal 3, el mismo que actualmente juzga el caso de los supuestos sobornos en el Senado, decretó la prescripción del caso antes de realizarse el juicio y sobreseyó a los acusados. Eso fue apelado por la fiscal Sabrina Namer y la Oficina Anticorrupción, esta última como querellante del caso.
Se investiga si hubo sobreprecios en las contrataciones directas por parte del Estado nacional en el marco del plan de "Solución Informática para la Administración del Padrón de Aportantes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones" y "Sistema Integrado Tributario" de la DGI.
Los jueces de Casación tuvieron en cuenta el argumento de la fiscal sobre que la investigación implicó valorar una "cuantiosa documentación y la realización de diversos peritajes", según aseguraron fuentes judiciales a Infobae.
Para la Cámara, el TOF3 "se limitó a reseñar la tramitación que tuvo la causa, señalando sustancialmente los lapsos de tiempo transcurridos a partir de los planteos y recursos de las partes, sin realizar una valoración integral de todos los factores que determinan la razonabilidad de la duración del proceso penal".
El TOF3 "deberá arbitrar los medios necesarios para la celebración del debate oral y público a la mayor brevedad posible", instó la Casación.
La causa se inició en mayo de 1996, a partir de una denuncia de los entonces diputados Carlos Álvarez, Horacio Viqueira y Alfredo Bravo. Al menos tres jueces investigaron el caso y en 2007, al cumplirse 11 años, fue elevada a juicio.
Ahora los jueces instaron a que el TOF3 "prosiga con la investigación de la causa", esto es, que haga el juicio.
Hay otras dos causas también por hechos durante el gobierno de Carlos Menem que involucran a la firma IBM. Uno de los casos es IBM-Anses, en donde a raíz de un contrato firmado en 1994 por 60 millones de pesos/dólares se sospecha que se pagaron sobornos para los funcionarios de la administración a cambio de que contrataran a la firma Management & Work.
El otro caso, IBM-Banco Nación es por la sospecha de que se pagaron sobornos a funcionarios públicos a fin de asegurarse un contrato con la empresa para informatizar las sucursales del banco.
En esta causa, el TOF3 había llegado a un acuerdo con los acusados, con el asentimiento de la fiscal Namer, por medio de la cual se le impuso penas con las cuales evitan ir a prisión y a su vez a que devuelvan unos 18 millones de pesos al Estado. Ello está apelado y a estudio de Casación tras apelaciones que hubo por parte de las defensas.