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La Comisión de Programa del oficialista Frente Amplio evaluará un informe sobre Defensa firmado por la senadora y precandidata Constanza Moreira (espacio 609) que plantea la creación de una delegación para el estudio de la soberanía uruguaya sobre las Islas Malvinas.

Moreira propone que un grupo de trabajo, integrado por historiadores, geógrafos, juristas, diplomáticos, políticos y militares, revise en profundidad la cuestión, "ya que la presencia uruguaya en la Antártida está sustentada en el mismo Tratado España-Uruguay (1841), que concede a Uruguay la soberanía sobre las Islas Malvinas", de acuerdo con el periódico El País.

La posibilidad de que el archipiélago pertenezca en verdad a Uruguay es una hipótesis que se baraja desde hace tiempo, pero sin tanta trascendencia como el reclamo histórico que mantiene la Argentina contra el Reino Unido. Las islas estuvieron, en distintos períodos, bajo dominio español, francés, británico y argentino.

El libro de investigación histórica Las Malvinas ¿son uruguayas?, del arquitecto uruguayo Juan Ackermann y el ingeniero argentino Alfredo Villegas Oromí, publicado a principios de año, planteaba que las Malvinas podrían ser pasibles de reclamo por parte del Estado uruguayo.

La base de la argumentación de Ackermann y Villegas Oromí se centraba en la posesión jurídica que tenía el puerto militar de Montevideo a mediados del siglo XVIII sobre el archipiélago de Malvinas, la isla de Tierra del Fuego y las costas patagónicas. Incluso la isla de Fernando Poo, casi frente a África.

A partir de 1833, los ingleses establecen su dominio sobre las islas, pero a lo largo del siglo XIX las relaciones entre Uruguay y las Malvinas fueron muy grandes. El empresario anglouruguayo Samuel Lafone compró casi la mitad de una de las islas, una región conocida hasta hoy como Lafonia, donde crió ganado ovino y donde llevó gauchos orientales, que legaron una buena cantidad de palabras en español al inglés de los kelpers.

En 1841, España y Uruguay firmaron el mencionado tratado. Y los autores explicaron también que en 1972, "cuando se firma el tratado antártico, se firma primero en el Senado uruguayo y luego en el Senado argentino". "La base de esa firma es el tratado de 1841. Cuando los legisladores argentinos firmaron, estaban reconociendo ese tratado. Se ve que no leyeron lo que firmaban", recalcó Villegas Oromí.