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La dirigente de la organización social Tupac Amaru, Milagro Sala, sufrió un duro revés judicial en su intento de dilatar un juicio en su contra luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara al Tribunal que debe juzgarla por instigación a un escrache al senador de la UCR Gerardo Morales.
De
haber sido incompetente el Tribunal y el expediente hubiera pasado a la
justicia provincial,
como pretendía Milagro Sala, la causa habría quedado al borde de la
prescripción. Por ello es que además de ratificar la competencia del
Tribunal Federal de Jujuy para hacer el juicio, los integrantes de la Sala IV
de Casación le pidieron "continuar con
el trámite de la presente causa con la debida celeridad del caso".
El hecho por el cual Sala va a juicio con otros dos integrantes de su organización, Ramón Salvatierra y María Graciela López, ocurrió el 10 de octubre de 2009 y cuando el senador Morales participaba de una conferencia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en Jujuy.
Antes del incidente, Morales había cuestionado la entrega de subsidios desde el kirchnerismo a organizaciones sociales afines.
Cuando había iniciado la conferencia, un grupo de la Tupac Amaru irrumpió en el lugar, arrojó huevos y piedras contra el grupo que integraba el senador, y según este denunció, lo amenazó. La Justicia concluyó que Milagro Sala fue instigadora de ese hecho y la envió a juicio.
Pero el Tribunal Federal de Jujuy al recibir la causa se declaró incompetente y la giró a la Justicia provincial, con el consecuente peligro que la causa prescribiera por el paso del tiempo.
Ahora, al confirmarse la competencia del Tribunal Federal, tal como decretó la Casación, no queda otra alternativa que se fije la fecha de juicio.
En su voto, el juez Mariano Borinsky recordó que el querellante Morales justificó la intervención del Tribunal Federal ya que los hechos "estarían vinculadas al desempeño del funcionario federal" por su cargo de senador.
También el juez argumentó su voto "a fines de garantizar una mejor y más pronta administración de justicia que asegure el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, corresponde mantener la competencia de la justicia federal para intervenir en las presentes actuaciones".
Los otros dos jueces, Gustavo Hornos y Juan Gemignani, adhirieron al voto de Borinsky al tener en cuenta el "estado avanzado de la investigación, ya pronta a la realización del debate oral y público".