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Desde que rige la ley de financiamiento educativo, en el año 2006, cambió rotundamente el paradigma de la enseñanza inicial, media y secundaria, en materia de inversión. De hecho, los fondos destinados a educación en la Argentina se elevaron del 4% al 6,2% del Producto Bruto Interno (PBI), y el país pasó del puesto 81 en 2004 al puesto 19 en el ranking mundial de inversión en la materia, en relación a su riqueza.


Sin embargo, el giro no alcanzó para resolver las brechas de inversión educativa entre las provincias, uno de los objetivos claves de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que define como meta "asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales [...] garantizar la inclusión educativa con una asignación de recursos que otorgue prioridad a los sectores más desfavorecidos".


Según un informe de la Universidad de Belgrano, que toma cifras oficiales que datan del año 2011, solo el 8 por ciento de los alumnos de escuelas primarias estatales asiste a un establecimiento con jornada extendida o completa, cuando el objetivo que persigue la norma debía alcanzar, como mínimo, al 30 por ciento en 2010. 


La prioridad debía ser otorgada a los sectores sociales y a las zonas geográficas más desfavorecidas. Sin embargo, el porcentaje de niños que van a colegios públicos de doble turno, que en el promedio país es del 5,63 por ciento, asciende en la ciudad de Buenos Aires nada menos que al 44,6 por ciento. En el conurbano bonaerense, en cambio, es de apenas dos por ciento en promedio.


Desde el momento en que se dictó la ley (2005) y el 2011, se registraron apenas 22.641 alumnos más con jornada doble. Pero el aumento -indica el informe- lo aportaron los institutos privados (+22.976), ya que en la escuela pública, lejos de haber habido un crecimiento, se dio en la doble escolaridad una disminución de 335 chicos. 


Esto significa que no solo no se cumplió la ley, sino que además será muy difícil revertir esa situación, al menos en un futuro inmediato.


El Plan Nacional de Educación, aprobado por resolución del Consejo Federal de Educación en diciembre de 2012, establece que habrá una "ampliación gradual de la jornada escolar del nivel primario" y que "al 2016 se duplicará la cantidad de escuelas con ampliación de la jornada con respecto a 2011". Según la investigación, si se cumple este objetivo fijado por la Resolución CFE 188, hacia 2016 apenas tendríamos alrededor de la mitad de los alumnos incorporados al régimen de jornada escolar extendida y doble que inicialmente exigía hacia 2010 la ley 26.075.


El Director del Centro de Estudios de la Educación Argentina en la Universidad de Belgrano, Alieto Guadagni, advirtió que en las escuelas primarias estatales hay 3,6 millones de niños, cuando deberían legalmente gozar del beneficio de la jornada ampliada casi 1,1 millones. De los últimos datos oficiales se desprende que son apenas 293 mil los beneficiados por esta cobertura escolar.