Charly Diaz Azcué 162
Charly Diaz Azcué 162
 Charly Diaz Azcué 162
Charly Diaz Azcué 162
 Charly Diaz Azcué 162
Charly Diaz Azcué 162
 Charly Diaz Azcué 162
Charly Diaz Azcué 162
 Charly Diaz Azcué 162
Charly Diaz Azcué 162
 Charly Diaz Azcué 162
Charly Diaz Azcué 162

La Corte Suprema de Justicia abrió este miércoles una audiencia públicala última instancia de debate en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, antes de pronunciarse acerca de la constitucionalidad de dos artículos de la norma.


El encuentro, en el que exponen sus posturas representantes del Estado y del Grupo Clarín, comenzó pasadas las 10 con una breve introducción de Ricardo Lorenzetti, quien consideró que se estaba ante "un caso de trascendencia nacional, que interesa no sólo a las partes sino a la sociedad". Casi en simultáneo se inició una movilización a la Plaza Lavalle encabezada por agrupaciones alineadas a la postura del Gobierno, en defensa de la ley sancionada por el Congreso.


El primer turno para los amicus curiae fue para el jurista venezolano Asdrúbal Aguiar Aranguren, del Observatorio Iberoamericano de Medios y designado por Clarín, quien sostuvo que la nueva ley es "arbitraria" e "irrazonable".


El representante del grupo sostuvo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual "propone un régimen de intervención estatal sobre medios de comunicación radioeléctricos".

Al exponer sobre la adecuación de la norma a tratados internacionales sobre Derechos Humanos, sostuvo que "las restricciones a los medios son restricciones a la libertad de expresión".

En segundo término, el orador fue Beinusz Szmukler, perteneciente a la Asociación Argentina de Juristas y en representación del Estado, quien reclamó a la Justicia que disponga "la plena"
vigencia de la Ley de Medios, ya que es "vergonzosa e injustificada la demora" de la aplicación de esa norma.


Szmukler, quien acusó de "monopolio" al grupo Clarín y de "desinformar", enfatizó que es necesaria la implementación de la Ley de Medios para "que todos los habitantes de esta tierra tengan derecho a generar y recibir información veraz", en el marco de una "auténtica democracia".


 Charly Diaz Azcué 162
Charly Diaz Azcué 162

El siguiente expositor, en representación del grupo Clarín, fue Eduardo Oteiza, de la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, quien se expresó a favor de "la defensa de la libertad de expresión y de la actividad empresaria".


Oteiza trazó un paralelo con la jurisprudencia de los EEUU para la distribución de licencias de la televisión por cable, al señalar que en ese país "nunca se aplicó" la regulación en los operadores de cable.


Una larga batalla judicial

La ley en discusión fue aprobada en el 2009 por el Congreso y el litigio llegó a la Corte luego de que la Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal avalara presentaciones contrapuestas realizadas por el Estado nacional, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Cablevisión SA y el Grupo Clarín.


La apelación del Gobierno respondía a que los camaristas habían declarado inconstitucional una parte del artículo 45, en los puntos que limitan la multiplicidad de licencias de televisión por cable, al tiempo que fallaron contra el segundo párrafo del artículo 48, que sostiene que la propiedad de las licencias "no podrá alegarse como derecho adquirido".


Sin embargo, el Grupo Clarín también apeló porque la Cámara declaró constitucionales otros artículos: el que restringe la transferencia de licencias (41); y el plazo de desinversión de un año –ya excedido– para grupos que superen el tope de la norma (161).


"Falsedades"

Horas después de finalizada la primera jornada de la audiencia, el Grupo Clarín difundió un comunicado en el que acusó a la procuradora Gils Carbó y la a Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cynthia Ottaviano, de lanzar "falsedades" en relación al holding.

"En las antípodas de lo que debería ser el aporte de una representante del Ministerio Público, el discurso de la Procuradora abundó en afirmaciones calumniosas contra una de las partes, sin sustento ni conexión alguna con la causa", indicó la nota. "Del mismo modo, la Defensora del Público asumió una postura de total enfrentamiento contra la empresa, lo que demuestra su falta de imparcialidad a la hora de ejercer el cargo", añadió.