Comienzan las indagatorias por corrupción en Tecnópolis

El juez Lijo tomará a partir de hoy tres indagatorias a ex empleados del Ministerio de Planificación porque tenían una empresa a la que le adjudicaron un contrato vinculado a un stand en la exposición Tecnópolis

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 Télam 162
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Estaban de los dos lados del mostrador. Y por eso serán indagados por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Por un lado eran empleados del Ministerio de Planificación y por el otro su empresa obtuvo un contrato millonario para realizar tareas en un stand de una repartición pública en la exposición Tecnópolis.

El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria para hoy a las 10 y a las 12 a Claudia Risolía y Ariel Santamaría respectivamente y para mañana a Facundo Bernasconi. Los tres eran empleados del Ministerio de Planificación  y al mismo tiempo resultaron adjudicatarios -a través de la firma Multideas- de la "provisión de servicios generales" del stand de la Subsecretaría de Vivienda en la edición 2011 de Tecnópolis.

El caso se abrió por dos vertientes. El diario La Nación publicó en 2012 una serie de artículos sobre el modo en que se adjudicaron las obras para construir stands en Tecnópolis. El fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación preliminar y realizó una denuncia por varios contratos irregulares. Y además, el propio ministerio a cargo de Julio de Vido hizo una denuncia respecto de los contratos que llevó adelante la empresa Multideas.

Lijo analizó varias contrataciones realizadas con la modalidad de tener a una universidad del conurbano como intermediaria en la contratación de las empresas que finalmente construían y mantenían los stands en Tecnópolis. Las universidades se quedaban con parte del dinero que pagaban las reparticiones públicas, y contrataban a las empresas.

El contrato por el que deben declarar en indagatoria los tres ex empleados de Planificación fue manejado por el área del secretario de Obras Públicas, José López. En Tribunales señalan que la repartición encabezada por López está en el centro de las sospechas. Es que uno de los que será indagado, Santamaría, trabajó en Obras Públicas, dependencia que finalmente autorizó los contratos.

El juez se centró en el contrato para la construcción y mantenimiento del stand de Vivienda para la edición 2011 de Tecnópolis. López autorizó el pago de 6.800.000 pesos a la Universidad de San Martín que a su vez contrató a las empresas. La UNSAM  seleccionó para la construcción del pabellón a "Dodecaedro", para su acondicionamiento a "Electro Switch", para la provisión de servicios generales a "Multideas S.R.L.", para el catering a "Amiga Miga S.R.L." y para el servicio de transporte a "Golden Drivers". Por el poco claro concepto de "servicios generales", Multideas cotizó la suma de 1.421.750 pesos y, por supuesto, fue elegida. Según el juez esa selección posee irregularidades.

Otro detalle que llama la atención del contrato firmado por López y la UNSAM es que como la exposición Tecnópolis se extendió desde septiembre a noviembre, algo que no estaba previsto inicialmente, hubo que pagar más dinero por el tiempo extra que el stand iba a estar habilitado para ser visitado. Y la cifra fue de 6.400.000 pesos, una suma similar a la que se pagó por construir y mantener el stand originalmente.

La investigación de Lijo apunta a otras contrataciones similares en las que hubo una universidad como intermediaria y las empresas contratadas tienen domicilios falsos o están a nombre de indigentes que, de ningún modo, parecen dueños de compañías que contraten con el Estado. La investigación avanzará sobre la construcción de los stands de Tecnópolis de la subsecretaría de Recursos Hídricos donde trabajaron los otros indagados: Risolía y Bernasconi.

Mientras que por el caso de Multideas el juez llamó a indagatoria, en otros tomó otra decisión. Lijo archivó investigaciones por la construcción de stands similares donde los contratos fueron pagados por los ministerios de Agricultura y Turismo y por el SENASA. No halló irregularidades.

En la resolución a la que accedió Infobae de fuentes judiciales, Lijo señaló que Santamaría, Risolía y Bernasconi deben ser indagados ya que "siendo empleados del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, intervinieron en la selección y contratación a través de la Universidad de San Martín de la empresa "Multideas S.R.L", de la cual forman parte generándose un beneficio económico con los recursos estatales. En este sentido, los elementos reunidos corroboran que esa contratación incumplió con la normativa vigente en materia de contrataciones públicas". Un caso más de corrupción.

Los dos empleados que estaban en funciones cuando la información fue publicada renunciaron.  Les llegó la hora de defenderse en indagatoria.