:quality(85)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/KCPJICLZMFBQRAM57LY5GE257Q 420w)
El gobierno de Uruguay lanzará, por primera vez, una campaña para el desarme de la población, en continuidad con una serie de medidas para combatir la violencia, que le cuesta al país 1.200 millones de dólares anuales.
En la campaña, que muy probablemente se denominará "Armas por la vida", se propondrá "un canje de armas de fuego por armas del conocimiento, del trabajo y el esparcimiento", informaron fuentes cercanas al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que trabajan en el plan.
El objetivo del programa será que por cada arma que sea devuelta, las autoridades darán a quien la entregue una computadora o una bicicleta, indicaron este viernes los voceros al diario El Observador.
Las autoridades entienden que buena parte de las armas en poder de los delincuentes pertenecían a ciudadanos que por temor decidieron armarse y luego esas armas desaparecieron en robos a sus casas.
Según datos oficiales de 2010, en Uruguay existían unas 450 mil armas registradas, aunque de acuerdo a estimaciones del Ministerio del Interior, otras 500 mil estarían en posesión de civiles en forma irregular, lo que significa que uno de cada tres uruguayos, en una población de 3,2 millones de habitantes, está armado.
Por otra parte, entre 2005 y 2009, la importación de armas creció 335%, según datos del Registro Nacional de Armas.
El diputado del Frente Amplio, coalición de izquierdas en el Gobierno, Carlos Gamou dijo a ANSA: "Me parece bien la campaña". Sin embargo, consideró: "Lamentablemente no veo que los delincuentes vayan a entregar las armas por computadoras o bicicletas".
No obstante, estimó que "en principio va a haber una buena respuesta de la gente".
Por su parte, el diputado del Partido Colorado, de oposición, Fitzgerald Cantero señaló a ANSA que este tipo de campañas le "parecen adecuadas", aunque reclamó sancionar antes en el Parlamento un proyecto de ley presentado por esa fuerza que tipifica como delito la tenencia de armas por parte de personas con antecedentes penales.
En el Gobierno está en estudio un proyecto de ley que prevé penalizar con cárcel la tenencia ilegal de armas y da un plazo de seis meses a quienes posean armas sin registrar para regularizar la situación.
Las campañas de desarme fueron exitosas en Brasil, donde ya se realizaron cuatro ediciones y tras las dos primeras se logró bajar el número de homicidios en 12,5%, y en Argentina, país en el cual se entregaron en 2011 unas 160.000 armas que luego fueron destruidas.
El Gobierno lanzó en junio un paquete de medidas para combatir la violencia, entre ellas -y la más polémica- un proyecto de ley aún en estudio para legalizar la venta de marihuana, además de cambios en el sistema de patrullajes, un aumento en las penas para adolescentes en problemas con la ley e indemnizaciones para víctimas de delitos.
Según la organización privada FundaPro, vinculada al Partido Colorado, en 2012 se registraron 289 homicidios en Uruguay, aunque para el Ministerio del Interior, la cifra es algo inferior.
Por otra parte, un estudio del centro privado de estudios económicos Cinve, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la criminalidad tuvo en 2010 para Uruguay un costo de 1.200 millones de dólares, alrededor de 3% del Producto Interior Bruto (PIB).
La cifra incluye el costo de los bienes robados, el pago de pólizas y el presupuesto para la respuesta policial antes y después de cometerse los delitos, entre otros rubros.