El Congreso de Colombia aprobó un nuevo fuero militar que permitirá a los miembros de la fuerza pública encarar con menos prevenciones el conflicto armado, a pesar del rechazo de organismos como Naciones Unidas y ONG internacionales de derechos humanos.
La reforma constitucional, aprobada la noche del martes, establece que el genocidio, la desaparición forzada, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el desplazamiento forzado no podrán ser de conocimiento de la Justicia Penal Militar (JPM).
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para la región, en declaraciones este miércoles a periodistas, calificó de "error" la aprobación del fuero.
"Creo que aquí se ha cometido un error y fue evitable. Me reuní con el presidente Santos, con las máximas autoridades, con el ministro de Defensa, pero tozudamente se encapricharon en esta reforma constitucional", dijo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) criticaron la reforma por considerar que favorece la impunidad en los casos de civiles muertos por los uniformados y presentados como caídos en combate, conocidos como "falsos positivos".
Según cifras de la Fiscalía, actualmente la Justicia ordinaria adelanta 7.810 procesos contra militares por los casos de ejecuciones extrajudiciales.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, al hablar ante el Senado, el martes, aseguró que "los casos aberrantes como los 'falsos positivos' y las violaciones de niños por parte de uniformados de ninguna manera pasarán a conocimiento de la Justicia militar".
Para Vivanco, los casos de los "falsos positivos" no están incluidos en la lista de delitos que se excluyen del conocimiento de la JPM.
El pasado 25 de septiembre, una jueza de Bogotá condenó a 60 años de cárcel al teniente del Ejército Raúl Muñoz por el asesinato de tres menores, entre ellos una niña que había violado, en hechos ocurridos en 2010, lo que se constituyó en el caso más grave de este tipo que involucró a un uniformado.
De su lado, en noviembre pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) había señalado que los asesinatos extrajudiciales, "se remontan a la década de los ochenta" pero ocurrieron "con mayor frecuencia del 2004 al 2008", durante el gobierno del entonces mandatario Alvaro Uribe (2002-2010).
La oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, entre tanto, advirtió que la reforma del fuero "afectaría seriamente" los esfuerzos del Gobierno "para garantizar que las violaciones de los derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas armadas y policiales sean debidamente investigadas y que los responsables sean sancionados".
En conversación con AFP, un alto mando militar que pidió reserva de su nombre, dijo que la reforma apenas devuelve algunos elementos que le habían sido arrebatados a la JPM, y por eso, "es una ganancia, porque los militares habíamos sido despojados del fuero, no teníamos nada", aseguró.
El general y ex ministro de Defensa Rafael Samudio señaló que "si bien la reforma responde en algo a lo reclamado por los miembros de la fuerza pública, aún hay que esperar a que se apruebe una ley estatutaria que puede demorar seis meses y mientras tanto se mantendrá la inseguridad jurídica para los combatientes".
Pero destacó "el valor de los congresistas para superar las presiones de las ONG y mantener la soberanía del país". "Hay que legislar para nosotros. Estamos legislando para el conflicto colombiano y no para tiempos de paz", dijo.
Colombia padece desde hace medio siglo un sangriento conflicto armado que enfrenta a militares, guerrillas comunistas, grupos armados de extrema derecha y mafias del narcotráfico.
Samudio dijo finalmente a la AFP que la reforma puede contribuir a elevar la moral de las tropas que se ven amenazadas por la guerra jurídica desatada contra ellas.