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Un informe del Ministerio de Justicia, difundido este domingo por el periódico O Globo, revela cómo el PCC ha logrado extenderse por Brasil pese a que sus máximos líderes cumplen condena en la cárcel de Taubaté, a 141 kilómetros de Sao Paulo.
Según el gobierno la mayor organización criminal brasileña, creada en 1993 por traficantes de drogas, es la responsable de la actual ola de violencia en ese estado.
El Primer Comando de la Capital maneja 32 millones de dólares al año por las ventas de drogas, estima la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (SENASP). El grupo cuenta con 13.000 miembros, de los que 6.000 están en prisiones de Sao Paulo, 2.000 cómplices están en libertad en ese estado y otros 5.000 permanecen libres en otros estados.
Según el informe, actualmente 135 de las 152 cárceles del estado de Sao Paulo son controladas por el PCC, que envía órdenes a sus cómplices en libertad, que deben enviar 400 dólares por mes a la organización. En caso de que un cómplice resulte encarcelado, el dinero se ofrece para ayuda financiera a la familia y pago de honorarios a un abogado.
El PCC está en fuerte expansión principalmente en los estados de Mato Grosso do Sur y de Paraná, debido a su proximidad con Bolivia y Paraguay respectivamente, dos países de donde proviene la droga.
El 8 de agosto, las autoridades brasileñas interceptaron un mensaje en el cual el PCC ordenaba "matar a dos policías por cada integrante del PCC ejecutado en las calles de Sao Paulo por la Policía".
Desde comienzos de año, un centenar de policías murieron en el estado, contra 47 en 2011.
En octubre, 176 personas perdieron la vida en la ciudad de Sao Paulo, de 11 millones de habitantes, contra 82 en octubre de 2011, según cifras oficiales. Las estadísticas de noviembre todavía no fueron publicadas, pero son incluso peores, de acuerdo con la prensa.
Un sondeo de Datafolha, publicado en el diario Folha de Sao Paulo, el 43% de los habitantes de la ciudad de Sao Paulo considera que el policía que integra un grupo paramilitar y que asesina a un delincuente no debe ser sancionado por su crimen.
De los 1.082 paulistanos encuestados, el 40% defiende que ese policía sea arrestado y sancionado y un 11% que sea expulsado de la corporación pero no detenido.