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El abogado de algunos de ellos y presidente de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, aseguró que el proceso que lleva la Contraloría es en realidad "de persecución administrativa que puede dar paso a una persecución penal".
"Todo esto es parte de una persecución política", afirmó. Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, una huelga impulsada por la oposición para presionar al presidente Hugo Chávez paralizó la petrolera y derivó en el despido de la mayor parte de la directiva de PDVSA y de unos 20.000 empleados.
El Gobierno calculó en 19 mil millones de dólares las pérdidas por el paro, y, según el abogado y activista, "lo pretenden dividir entre los 185 acusados, con lo cual cada uno debería pagar más de 100 millones de dólares, cifra exagerada, absurda a todas luces".
Romero recordó que el proceso comenzó en 2006, cuatro años después del paro petrolero, y que desde el pasado jueves se han emitido "15 decisiones administrativas diariamente". La primera de las sanciones se conoció el pasado 18 de octubre y afectó a once de los 185 trabajadores expulsados. Se prevé que "esta acusación administrativa de primer nivel, de primer grado, concluya en unas dos semanas", añadió Romero.
El presidente de PDVSA y ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, dijo a mediados de 2005, antes de que la Contraloría comenzara el proceso contra los 185 acusados, que el paro petrolero fue "un crimen contra el pueblo".
La petrolera estatal venezolana PDVSA es la formidable máquina financiera del Gobierno de Chávez: construye casas y carreteras, sostiene planes de venta de alimentos y hasta financia equipos de Fórmula 1- destinó una sustancial parte de sus ingresos a los programas sociales, en lugar de aprovechar los ingentes fondos para acelerar de una vez por todas su bombeo.
Con los aportes al Gobierno como prioridad y una merma significativa en el cobro de barriles en efectivo, la petrolera se endeudó en más de 10.000 millones de dólares con emisiones de bonos e hizo frecuentes pedidos de auxilio a la banca estatal, que le transfirió unos 3.350 millones de dólares.
Con una deuda que se multiplicó por 12 en los últimos seis años, la caída reciente del precio del petróleo por la crisis europea y la desaceleración de China, aunadas a la baja rentabilidad de un mercado doméstico altamente subsidiado, ensombrecen el horizonte de la empresa insignia del chavismo.