Tecnojueves 04 de octubre 2012

Europa pone sus ojos sobre prácticas comerciales de Apple

La Comisión Europea advirtió que la política sobre garantías que aplica la compañía puede ser "engañosa" al no aclarar que sus productos cuentan por ley con una garantía de dos años

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La vicepresidenta de la CE y responsable de Justicia, Viviane Reding, pidió a las autoridades de protección de los consumidores de los 27 Estados miembros que investiguen si las tiendas que venden productos de Apple incumplen su obligación de anunciar que esos artículos tienen como mínimo dos años de garantía en lugar de uno, tal y como prevé la ley europea.

Esta acción responde a las denuncias recibidas de organizaciones de consumidores de 11 países europeos (España, Italia, Bélgica, Portugal, Luxemburgo, Alemania, Holanda, Dinamarca, Polonia, Eslovenia y Grecia), así como de eurodiputados que apuntaron a posibles problemas con las prácticas de Apple sobre garantías.

"Para la Comisión, la política de publicidad de Apple podría ser engañosa ya que Apple anuncia prominentemente que sus productos vienen con un año de garantía del fabricante, pero no indica claramente a los consumidores que tienen derecho de forma automática y gratuita a, como mínimo, dos años de garantía bajo la ley de la UE", señalaron las fuentes comunitarias.

Añadieron que la Comisión es responsable de la aplicación efectiva de la ley comunitaria en toda la UE, que está en manos de las autoridades de cada Estado miembro.

Así, indicaron que existen diferentes posibilidades de "sanciones" en los países de la UE para violaciones de la ley de protección de consumidores, como ya ocurrió en Italia.

A raíz de una denuncia de la asociación italiana de consumidores, las autoridades de competencia de ese país impusieron a Apple una multa de €900.000 en diciembre de 2011, al considerar que había violado la legislación comunitaria sobre prácticas comerciales injustas.

La propia CE, por su parte, no puede investigar a compañías en el área de la ley de protección de los consumidores, y sólo puede impulsar procedimientos de infracción por la no trasposición de las leyes europeas al derecho nacional de cada Estado miembro, o si los países fracasan sistemáticamente a la hora de hacer cumplir esas normas, recordaron las fuentes.

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