Economíaviernes 14 de septiembre 2012

Los costos de la discriminación previsional a Córdoba

Osvaldo Giordano

Por: Osvaldo Giordano

La cuestión de los haberes jubilatorios aparece como uno de los temas controvertidos que se derivan de la centralización extrema de recursos generada por el esquema fiscal vigente. Se trata de un proceso de degradación institucional en el cual el manejo arbitrario de fondos públicos desde el nivel nacional se impone de manera avasallante

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El conflicto suscitado en torno a la negativa de la Anses de cumplir un convenio que había firmado con la Provincia de Córdoba constituye un ejemplo concreto.

La controversia, que finalmente deberá ser dirimida por la Corte, gira en torno a la ejecución del Convenio 80/09, que regula las relaciones entre la Caja previsional provincial y la Anses entre 2010 y 2011. En ese Convenio se fija, por un lado, la voluntad de la Provincia de perfeccionar el proceso de armonización previsional.

En este aspecto es fácil demostrar que Córdoba es la jurisdicción que más avanzó en el camino de reformar su sistema previsional emulando la legislación nacional.

En el cuadro adjunto se comparan los requisitos que fija la norma cordobesa para acceder a la jubilación ordinaria con los vigentes en las Cajas de otras provincias que durante el año 2011 recibieron asistencia financiera de la Anses.

Si se incorporaran otros tópicos de la legislación previsional el análisis se haría más complejo, pero se consolidaría la misma conclusión: Córdoba es la que más esfuerzos hizo para reformar su sistema previsional.

Por el otro, el convenio contempla el compromiso de la Anses de transferir una suma de dinero cuyo pago se pautó en cuotas mensuales actualizables.

Esta transferencia no constituye un "acto de generosidad" para con la Provincia, sino un mecanismo para poner en pie de igualdad a Córdoba con el resto de las jurisdicciones, tanto con las que transfirieron sus sistemas previsionales a la Anses (cuyos desequilibrios entonces son absorbidos integralmente) como con las que mantuvieron la gestión pero reciben apoyo financiero a través de convenios.

El monto de la cuota fijado en el convenio no cubre el 100% del déficit del sistema previsional provincial. Esto no deriva de un descuido de los firmantes del acuerdo sino de que se prefirió reservar un margen de autonomía cuyos mayores costos se cubrieran con fondos propios.

Es decir, que tanto la Anses, como la provincia aceptaron que había aspectos de la normativa todavía no armonizados y que el costo de estos desvíos quedaba reflejado en transferencias inferiores al monto total del déficit previsional local.

Los funcionarios nacionales transfirieron más de $1.060 millones correspondientes al 2010 y desarrollaron, tal como está previsto en el convenio, las auditorias financieras y legales sobre la Caja.

Cambio de criterio

La provincia mantuvo la normativa previsional y desplegó grandes esfuerzos para imponer una gestión austera, profesional y transparente. Sin embargo, a partir de la cuota de enero del año 2011 las transferencias fueron suspendidas.

Este acto fue instrumentado sin que mediara una notificación en la cual se alertara las razones que lo motivaron.

La Caja siguió pagando en tiempo y forma las jubilaciones. Para ello demandó más de $1.000 millones del presupuesto provincial que estaban originalmente previstos para otras finalidades.

Dicho de manera más directa, el incumplimiento del convenio forzó un recorte sustancial sobre el plan de inversiones.

De esta manera, se explicitan los costos que sufren todos los cordobeses derivados del manejo discrecional y discriminatorio de los fondos públicos por parte del Estado nacional.    

Osvaldo Giordano es Presidente de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba

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