Políticamiércoles 12 de septiembre 2012

El Senado convirtió en ley el traspaso de $6900 millones del Ciudad al Nación

Por 38 votos a favor contra 25, los legisladores consiguieron sancionar el proyecto del Ejecutivo nacional, en medio de una jornada de tensas protestas en las afueras del Congreso. Ahora, el macrismo apelará a la Justicia

La Cámara de Senadores aprobó y convirtió en ley la norma impulsada por el oficialismo que dispone el traspaso de los depósitos judiciales del Banco Ciudad a la órbita del Nación, en medio de una intensa protesta de los trabajadores de la entidad, que se manifestaron en las inmediaciones del Congreso.

Tras casi seis horas de debate, cerca de las 23 de ayer, la votación arrojó 38 respaldos y 25 expresiones en contra. Sobre el cierre de la discusión, el titular del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó a la oposición por tener discursos "muy contradictorios".

"Algunos parecían generales mitristas en Pavón y Cepeda, defendiendo a Buenos Aires. Esto es simplemente por el rol opositor del gobierno nacional y porque siempre ven detrás de las iniciativas del gobierno nacional algo maléfico", resaltó Pichetto.

De los tres senadores de la Ciudad de Buenos Aires, sólo el kirchnerista Daniel Filmus votó a favor, ya que la representante de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, y el del monobloque Proyecto Buenos Aires Federal, Samuel Cabanchik, se expresaron en contra.

Filmus explicó su respaldo a la medida y dijo que "nadie se va a quedar sin trabajo porque el banco no se va a desfinanciar".

"Dicen que nos estamos llevando de un día para el otro 6.900 millones de pesos, pero no es así", sostuvo Filmus y leyó un carta del titular del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, en la que el dirigente aseguró que el traspaso "no le generará  recursos relevantes al gobierno nacional en los próximos años, sí después de 2015".

El senador oficialista propuso, con el objetivo de equiparar los fondos que perderá el Ciudad, "que se le dé preferencia y se vote aquí la ley de transferencia de la Justicia a la Ciudad".

"Si vamos sustituyendo los fondos con la transferencia de la jurisdicción estamos ante la expectativa de que no se va a perder nada", resaltó Filmus.

Entenssoro, recientemente incorporada al interbloque del Frente Amplio Progresista (FAP), consideró que "si le sacan los fondos judiciales se está debilitando una institución clave, que no está solo ayudando a los ciudadanos de la Ciudad, sino a gente del Conurbano y a empresas que actúan en todo el país".

"La única lógica que tiene este proyecto es esta visión del gobierno nacional de centralizar los negocios en una sola mano", se quejó Estenssoro.

A su vez, Cabanchik aseguró: "Si estuviéramos hablando sólo del fuero federal de la Ciudad, sí estaría de acuerdo".

Sin embargo, dijo que el Banco Ciudad "es el segundo banco hipotecario del país, debería ser resguardado" y consideró que el texto significa "un retroceso para la autonomía" de la Capital.

La discusión había comenzado cerca de las 17, con la exposición del senador oficialista Pedro Guastavino, titular de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, quien señaló que la iniciativa "establece un marco de justicia para los del interior", que necesitan "un Banco Nación más fuerte".

Ante el fuerte rechazo de los trabajadores y de las autoridades de la entidad, Guastavino destacó que con el proyecto se despeja "el temor a los despidos de empleados".

Luego, el radical de Jujuy, Gerardo Morales, cuestionó la medida e ironizó: "¨Si hubiera ganado Filmus las elecciones a jefe de Gobierno, estaríamos discutiendo este proyecto?".

Su par de Mendoza, Laura Montero, sostuvo en tanto que "no es sensato sacarles los depósitos a un banco público".

"Acá hay otras cuestiones, hay intencionalidad política porque el proyecto está direccionado al jefe de la ciudad de Buenos Aires. Es un proyecto que también agrede la división de poderes, porque la Justicia es autónoma, tiene la facultad de administrar sus propios recursos", resaltó Montero.

El proyecto generó el rechazo del gobierno porteño y de los principales sectores de la oposición, que le atribuyeron un motivo político a la iniciativa del gobierno nacional, con el objetivo de perjudicar a Mauricio Macri.

Por su parte, la jefatura de Gobierno porteña avisó que pedirán una cautelar para impedir el giro de los fondos y denunciarán la ley por "inconstitucional".

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