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El mandatario cordobés les envío una misiva a sus pares con el objetivo de darles a conocer que el distrito que gobierna abandonó el Pacto Fiscal de 1992 - que cede el 15% de los fondos coparticipables a la Nación- y les solicitó buscar "caminos de unión para recuperar lo que es de las provincias".
La carta no carece de oportunidad. Se da en un contexto donde las provincias padecen serias dificultades económicas para afrontar sus gastos y obligaciones, configurando una relación de fuerte dependencia política con el Gobierno Nacional. A su vez, la intención de De la Sota es aprovechar estos problemas para adquirir referencia política nacional, de cara a las presidenciales del 2015.
"El gobierno de la provincia de Córdoba tuvo que denunciar el Pacto Fiscal de 1992, luego de numerosos como infructuosos intentos de lograr con la Nación un consenso razonables y equitativo, tendiente a que ésta dé cumplimiento a las obligaciones legales que tiene asumida con Córdoba, y que desde hace mucho tiempo sin razón legal ni legítima alguna ha dejado de cumplir", explica el escrito enviado por el gobernador cordobés el jueves pasado al resto de los mandatarios.
La Legislatura de Córdoba sancionó el miércoles el abandono del Pacto Fiscal, un acuerdo que habilitaba a la Nación quedarse con 15% de la coparticipación federal como forma de financiar los déficits de las cajas de la ANSeS. La medida forma parte de una batalla legal que la provincia mantiene con el Gobierno, en consonancia con el pedido judicial realizado ante la Corte, que busca el pago de una deuda pendiente del Ejecutivo nacional de $1040 millones por jubilaciones.
Es que se descuenta que la Nación no cederá a la solicitud del gobernador cordobés. Por ello, se busca que intervenga el máximo tribunal e intime al Gobierno por un eventual "incumplimiento del acuerdo de armonización de normas previsionales" firmado con el organismo previsional.
"La sostenida como irrazonable actitud del Gobierno Nacional de incumplir con las obligaciones pactadas con Córdoba, privándola de importantes recursos de su propiedad, obligó al Gobierno Provincial a sustituir esos fondos con recursos tributarios propios destinados a obras de gobierno esenciales para todos los cordobeses que fueron postergadas o hasta definitivamente dadas de baja", denunció De la Sota en la misiva.
Con esta estrategia, De la Sota intenta que Córdoba que se transforme en un "caso testigo" y generar una reacción en los gobernadores más distantes al Gobierno o mas complicados financieramente.