La Operación Relámpago, lanzada por el presidente Porfirio Lobo en noviembre pasado, que reasignó efectivos policiales y militares a las zonas más conflictivas de Honduras -las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, y el departamento Olancho- para enfrentar al crimen organizado y a la inseguridad ciudadana, parece no cumplir su cometido.
Los asesinatos de periodistas -19 en los últimos dos años-, activistas sociales y especialistas en seguridad profundizaron el debate acerca de la dificultad del Gobierno para enfrentar una ola de violencia que, cada vez más, va asemejándose a la padecida por mexicanos y guatemaltecos.
La situación actual, que provoca 82,1 homicidios por cada 100 mil habitantes al año según la ONU, responde en gran parte a los enfrentamientos entre los cárteles por el control del territorio y el narcomenudeo. No obstante, los altos índices de desempleo y de pobreza también explican por qué muchos hondureños deciden incorporarse al crimen organizado.
"La inseguridad creció como un cáncer social por la falta de una política criminal del Estado. Empezó a incubarse desde que los delincuentes se coludieron con los políticos para legislar sobre la Policía única y un régimen de justicia penal garantista mal administrado", señaló Ramón Custodio López, titular de la Comisión de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh).
El sociólogo Jorge Lara marca al golpe de Estado contra Manuel Zelaya, en junio de 2009, como el comienzo del recrudecimiento de la violencia en el país. "La pérdida del frágil Estado de derecho hizo que Honduras sea visto por las mafias nacionales e internacionales como un territorio en el que se puede actuar con impunidad y en el cual fácilmente se evade la Justicia", consideró.
Con esa opinión coincide el también sociólogo Roberto Briceño Jiménez, quien afirmó que el derrocamiento del entonces mandatario permitió que las fuerzas de seguridad operen sin límites institucionales, muchas veces violando derechos civiles.
"Todo se relaciona con la reducción del papel o de las funciones del Estado en los espacios públicos que fueron ocupados por las empresas privadas: desde la recaudación de impuestos a cambio de protección de la vida, hasta la protección de personas con agentes de seguridad privada", indicó. "La seguridad es una mercancía que es objeto de demanda de un conjunto de medios de protección de las personas y de los grupos", agregó.
Según estimaciones de la Conadeh, el país centroamericano registró un muerto cada 74 minutos en 2011. Desde que Porfirio Lobo asumió como presidente, en enero de 2010, 12.838 personas perdieron su vida en hechos violentos, lo que equivale a 19 muertes por día.
"La impunidad se origina en la omisión, la negación de información, la negligencia para investigar los hechos, la distorsión y las justificaciones que los agentes de seguridad y justicia expresan como explicaciones e hipótesis falsas y nulas", señaló Briceño Jiménez, quien responsabiliza a los cuerpos de seguridad por la violencia.
Consciente de la corrupción dentro de las filas de la Policía, Lobo ordenó la depuración de los cuerpos de seguridad y de las dependencias judiciales, en un proceso que aún no mostró grandes resultados. Además, el Congreso nacional aprobó un decreto por el cual las Fuerzas Armadas pueden asumir tareas policiales para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico.
Sin embargo, los especialistas consultados por Infobae América descartaron que el aumento de la militarización vaya a apaciguar el clima de violencia. Por el contrario, proponen como principio de solución una depuración real de las instituciones.
"El uso del monopolio de la fuerza por parte del Estado por medio de dependencias que no gozan de la confianza popular no es suficiente, hay policías y militares honestos que hacen bien las cosas pero esto no es una mística institucional, son excepciones a la regla", sentenció Lara.
Custodio López coincidió: "Las dos fuerzas (policial y militar) ya están presentes en todos los escenarios posibles y la violencia continúa. La respuesta total implica un Poder Ejecutivo que cree un nuevo modelo policial, depuración total de lo que se tiene y fortalecer la institucionalidad".
En opinión de Briceño Jiménez, "la militarización más que reducir la violencia tiene la intención política de recuperar la legitimidad disminuida de las Fuerzas Armadas". "La función del militarismo es totalmente diferente de la función policial, (...) las FFAA se desprestigiaron por la corrupción auspiciada por la impunidad de los organismos del Estado que los militares asumieron", consideró.
¿Un futuro "a la mexicana"?
Honduras asiste a un escenario que, día a día, se asemeja más a la guerra entre cárteles y de estos con las fuerzas de seguridad que ha sumido a México en una persistente ola de violencia.
A la presencia del crimen organizado operando en el país, se sumaron otras situaciones que forman parte de la guerra narco, como el asesinato de periodistas y activistas y la participación de policías, políticos y autoridades judiciales en las organizaciones delictivas.
"El caso de México, así como el de Haití y de Colombia, deben estudiarse para encontrar los aciertos y desaciertos. Paso a paso hay que lograr las enmiendas en todos y cada uno de los componentes del sistema de justicia penal", señaló el comisionado de Derechos Humanos, quien advirtió que de mantenerse las políticas actuales "los resultados previsibles serán los mismos o peores".
Lara, por su parte, calificó de "cosméticas" las reformas emprendidas por Lobo y aseguró que sólo tienen por objetivo tranquilizar a la opinión pública. Instó a emprender una depuración del Poder Judicial que comience por la separación de quienes promovieron el golpe de Estado de 2009 pues, entiende, al haber cometido un delito no pueden juzgar a otros.
"En Honduras es de sentido común afirmar que los delincuentes gobiernan. Las instituciones de seguridad y de justicia dejaron de funcionar en el sentido o razón de ser", señaló Briceño Jiménez. "Si esas condiciones no cambian, lo que se espera es que la violencia y la inseguridad continúen incrementándose", subrayó.