:quality(85)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/U6JCTJM4I5DNJCY3HLBI5KOLS4 420w)
La oposición sólo obtuvo 50 votos, 13 menos de los necesarios para conseguir que se tratara el tema en la Legislatura, con lo que la norma entrarán en vigencia de forma automática el próximo 4 de febrero, indicó una fuente de la Asamblea.
"Ya no hay capacidad de maniobra", reconoció el asambleísta Andrés Paéz, del opositor partido Izquierda Democrática.
La propuesta señala que durante la campaña electoral los medios "se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opiniones, preferencias electorales o tesis política".
La oposición advierte que con esta nueva norma se trata de una formulación vaga que advierte el riesgo de que los medios sean blanco de las demandas por notas informativas durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2013.
"Impide la información. Viola los derechos esenciales de los votantes", señaló Páez.
El mandatario replicó a la oposición señalando que la norma evitará que los medios de comunicación se conviertan en "actores políticos ilegítimos".
El mandatario cargó nuevamente contra los medios de prensa y los acusó de mentir al afirmar que la intención de la reforma es acallar las voces independientes y señaló que no prohibirá las entrevistas o los reportajes sobre candidatos.
La propuesta también comprende la prohibición de realizar publicidad oficial, al permitir la promoción de proyectos públicos en ejecución y cuando se requiera informar de "temas de importancia nacional, como campañas de salud, seguridad "u otras de naturaleza similar".
A juicio de María Paula Romo, asambleísta de "Ruptura de los 25", un grupo político que estuvo alineado hasta el año pasado con el oficialista Movimiento Alianza País, esa cláusula otorga "gran permisividad" a la publicidad estatal.
Para que las normas entren en vigor en la campaña presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendría que atrasar los comicios previstos para el 20 de enero de 2013, pues la Constitución ecuatoriana prohíbe que se apliquen reformas electorales durante el año anterior a la cita con las urnas.
Por ello, esa entidad debería aplazarlos para después del 4 de febrero de 2013.
La oposición también ha criticado la forma en la que Correa introdujo su propuesta, pues la incluyó en un veto parcial a una reforma electoral aprobada por la Legislatura. Para suprimir un veto son necesarios 83 votos, de las 124 curules con las que cuenta la Asamblea, una gran mayoría sólo posible si algunos miembros de Alianza País abandonan al mandatario.
"El presidente no hace de colegislador, sino de legislador. Introduce temas no tratados en la Asamblea", se quejó Páez, quien indicó que junto con otros políticos y abogados pretende presentar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, esta semana la Unión Nacional de Periodistas (UNP) pidió a una corte en Quito medidas cautelares para impedir la entrada en vigor de las normas, con el argumento de que violan el derecho constitucional a la libertad de expresión.
La propuesta de Correa llega en un momento de tensión con los mayores medios de comunicación privados del país, a los que acusa de manipular la información según sus propios intereses.
El caso más sonado es el proceso contra el diario El Universo por una columna que el presidente consideró injuriosa, el cual está ahora en manos de la Corte Nacional de Justicia.
Dos tribunales inferiores han dado la razón a Correa y han dictaminado tres años de prisión para tres directivos y un exjefe de opinión del diario, así como el pago de 40 millones de dólares.