Políticamartes 18 de octubre 2011

Venezuela no acatará un fallo de la CIDH sobre la candidatura de un opositor

El Tribunal Supremo consideró "inejecutable" el fallo de la Corte continental que ordenó la habilitación política de Leopoldo López. Explicó que su prohibición es administrativa y por eso no puede ejercer cargos públicos

Crédito: Reuters

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dada a conocer a mediados de septiembre, fue recibida como un triunfo para López, quien inmediatamente festejó como una "victoria para Venezuela".  

El opositor había sido inhabilitado políticamente en 2008 por un lapso de seis años, justo en momentos en que se postulaba como alcalde de Caracas. La Contraloría General lo encontró culpable irregularidades administrativas durante su gestión (entre 2000 y 2008) en un municipio de la capital.  

Al conocerse el fallo de la CIDH, el gobierno prefirió evitar un pronunciamiento directo. El canciller Nicolás Maduro indicó, entonces, que el gobierno estudiaría el caso, pero acotó que "la lucha contra la corrupción y los corruptos seguiría". Pero el silencio duró apenas unas horas, ya que al día siguiente el presidente Hugo Chávez cuestionó a esa corte: "No vale nada, es un cero a la izquierda", dijo y pidió que la Justicia de su país se expidiera al respecto.

La decisión del Tribunal Supremo (TSJ) se conoció este lunes y su rechazo del fallo internacional amenaza con modificar el escenario electoral venezolano, a menos de un año de los comicios presidenciales. Es que López ya lanzó su candidatura -lo hizo apenas unos días después de que la CIDH ordenara su habilitación- para aspirar a ser el representante de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática y las encuestas lo apuntan como uno de los favoritos.

El TSJ consideró que la orden es "inejecutable" y explicó, en su argumentación, que "el ciudadano Leopoldo López Mendoza goza de los derechos políticos consagrados en la Constitución, por tratarse sólo de una inhabilitación administrativa y no política". De modo que el opositor puede presentarse como candidato a la elección que él desee, pero lo que le está prohibido es que ejerza cargos públicos

Tras la sentencia del TSJ, una de sus miembros, la jueza Blanca Rosa Mármol, indicó que la decisión fue "desconcertante" porque si la inhabilitación fuera administrativa y no política, entonces, en ningún caso debería incidir sobre su posibilidad de ser candidato presidencial. "Con el debido respeto a los compañeros magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del cual yo también formo parte, tengo mi opinión formada al respecto, que la he manifestado con anterioridad cuando ha sido requerida, y es que realmente esas inhabilitaciones que se vinieron haciendo por la Contraloría General sin procedimiento ninguno no pueden tener ninguna validez", dijo en declaraciones publicadas por el sitio Noticias24.

Los fallos de la CIDH son vinculantes para los Estados que han ratificado sus convenios. Sin embargo, el gobierno venezolano sostiene que su aplicación depende de su conformidad con la Constitución.


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