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"El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unasur respondieron positivamente para la conformación de un grupo", anunció la ministra Anticorrupción, Nardy Suxo, quien se había encargado de gestionar el apoyo externo.
El propio presidente Evo Morales había anunciado hace una semana sus deseos de que organismos internacionales investigaran qué sucedió el domingo 25 de septiembre, cuando centenares de policías disolvieron por la fuerza una marcha de nativos que había comenzado en la Amazonía y se dirigía hacia La Paz.
El incidente dejó 74 manifestantes heridos, según un informe oficial del Ministerio Público, y una fuerte condena interna y externa, lo que motivó la renuncia de dos ministros.
Morales y su ex ministro de Interior, Sacha Llorenti, negaron haber ordenado la represión en el poblado de Yucumo, al noreste de la capital boliviana, y descargaron la responsabilidad en la fuerza por la acción.
"Lo que el gobierno pretende es contar con una comisión totalmente independiente y objetiva que haga su trabajo, además de que pueda ver y revisar todos los antecedentes de los hechos que han sucedido", acotó la ministra.
Los nativos se reagruparon a los pocos días y reiniciaron la caminata a La Paz en rechazo a una carretera de 300 km, financiada por Brasil, que cruzará el territorio indígena Tipnis, en el centro del país, rico en flora y fauna y hábitat de varios pueblos indígenas desde tiempos ancestrales.