El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, formalizó este martes el arribo de una misión de 80 observadores para los comicios del 6 de noviembre en Nicaragua, en los que el presidente Daniel Ortega aspira a ser reelegido, pese a que la Constitución lo prohíbe.
Insulza recordó que la OEA ha observado las elecciones de Nicaragua desde 1990, bajo el primer gobierno de Ortega, que en esa ocasión perdió el poder frente a Violeta Chamorro (1990-1997). Y señaló que la misión estará al mando del ex canciller argentino Dante Caputo.
"Serán simplemente observadores. No habrá ninguna interferencia", explicó. Y aclaró: "Aunque nosotros haremos nuestro trabajo muy escrupulosamente y muy de acuerdo con las autoridades nicaragüenses, el éxito de las elecciones será fundamentalmente de Nicaragua, del gobierno, del CSE y de su pueblo", aclaró.
La referencia no es casual. Si bien Insulza llegó a Nicaragua atendiendo una invitación que le hiciera el presidente Ortega para observar los comicios, el mandatario se negó durante varios meses a aceptar observadores en los comicios.
Sucede que en los comicios municipales de 2008 fue acusado de fraude, lo que para el Gobierno constituyó una "interferencia" en los asuntos internos. Por eso, se encargó una y otra vez de hablar de "acompañamiento" en vez de "observación", que equiparó a un "control" sobre las elecciones.
Tras las declaraciones de Insulza, el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, aseguró que en los documentos firmados con la OEA "no hay ningún tipo de restricción" al trabajo de los observadores del organismo hemisférico. Y explicó que hasta hoy se han acreditado misiones de "acompañamiento" de la Unión Europea, del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y a la OEA, además de 20 mil miemrbos dos entidades locales no ligadas directamente a la observación electoral.
Además, Rivas descartó de plano la acreditación del Centro Carter, toda vez que el organismo estadounidense condicionó su participación a la derogación de un manual de observación elaborado por el tribunal electoral, que limita el rol de los grupos nacionales e internacionales que pretenden fiscalizar el proceso. "Ellos enviaron una carta ofensiva para los nicaragüenses. Ellos mismos se han autoexcluido y los autoexcluidos no tienen nada que hacer aquí", sentenció.
En declaraciones al Canal 15 de Managua, también rechazó una petición de la embajada de Estados Unidos en Managua para supervisar los comicios, en vista de que "las sedes diplomáticas no pueden acreditarse como misiones de observación". El funcionario, incluso, se mostró molesto por el hecho de que, en su solicitud, la diplomacia estadounidense pidió "los mismos derechos, garantías y libertades que se ha otorgado a las misiones internacionales". Y concluyó: "Ellos han tratado de lesionar nuestra soberanía y nuestra autodeterminacion como pueblo".
Nicaragua tampoco acreditará al Instituto Hagamos Democracia, uno de los grupos que más cuestionó los comicios de 2008. Rivas alegó que rechazaron la petición porque "solicitaron participar como observadores" y no como "acompañantes".
La embajada había hecho la petición en virtud de las limitaciones del Reglamento de Acompañamiento Electoral que motivó la protesta del Centro Carter.
En las elecciones se escogerá un presidente, un vicepresidente, 90 miembros del Congreso y 20 del Parlamento Centroamericano entre candidatos de cuatro alianzas y un partido político.
Los últimos sondeos otorgan al mandatario un apoyo del 44%, que sería suficiente para resultar electo en primera ronda, mientras que da a Gadea -el que obtiene el mayor respaldo en la oposición- un 32%.
Insulza tiene previsto reunirse este martes con el presidente Ortega, y el miércoles con el candidato a la presidencia por la alianza opositora del Partido Liberal Independiente (PLI, derecha), Fabio Gadea. También se entrevistará con el candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), que considera ilegal la candidatura a la reelección del mandatario, porque se sustenta en un fallo judicial de 2010 que declaró inaplicable la norma constitucional que prohibía la reelección presidencial sucesiva.
"Escucharemos si tienen algo que decir sabemos perfectamente que existen algunas críticas al respecto, pero hasta ahora ningún país miembro ha pedido tratar ese tema al Consejo Permanente de la OEA", comentó Insulza tras reunirse esta tarde con autoridades del CSE.