Políticamiércoles 29 de junio 2011

Porfirio Lobo insistirá en una reforma constitucional

El presidente de Honduras informó que realizará una serie de consultas a distintos sectores políticos y sociales sobre la viabilidad de modificar la Carta Magna. Aseguró que no tiene intención de lograr su reelección

Crédito: EFE

"El 9 de julio comenzaré el diálogo para discutir las propuestas en torno a instalar una asamblea constituyente en el país", afirmó el mandatario durante una conferencia de prensa. "A los líderes, les consultaré qué reformas proponen para trasladarlas al Congreso con el objetivo de reformar las leyes actuales o aprobar nuevas", subrayó.

En enero, el Congreso reformó, a petición de Lobo, el artículo cinco de la Constitución para permitir que a través de una consulta popular se puedan eliminar disposiciones de la ley fundamental que impidan la reelección presidencial en Honduras. Lobo dijo que no lo hizo con el objetivo de reelegirse él mismo.

Antes de modificado ese artículo, la Constitución prohibía que nueve artículos llamados "pétreos" sufrieran cualquier cambio. Entre esos, se encontraban los que se refieren a la reelección, ahora vedada, y al período de cuatro años de la gestión de los mandatarios.

Sin embargo, pese a las intenciones de Lobo y a la reforma que el Congreso hizo en febrero a la Constitución, el clima político en el país parece seguir siendo adverso respecto a la posibilidad de integrar una asamblea constituyente que reforme la Carta Magna, según lo expresaron algunos políticos de los principales partidos.

El analista del Partido Nacional, mismo al que pertenece Lobo, Raúl Pineda aseguró que "en Honduras no se puede convocar a una constituyente porque el artículo 374 de la Constitución lo prohíbe y no puede ser reformado por nadie".

Juan Ramón Martínez, líder del centroizquierdista Partido Demócrata Cristiano, estimó que al mandatario "se debe aplicar una sanción penal porque es un delito modificar la Constitución y podría perder el cargo" también por tan sólo proponerlo.

En junio de 2009, las intenciones de Manuel Zelaya de reformar la Constitución fueron el detonante para que el Ejército decidiera deponerlo del poder y expulsarlo del país, después de lo cual se erigió un gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti.

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