"Cuatro cadáveres fueron retirados de las instalaciones", informó el canal de televisión oficial VTV, que agregó que los cuerpos presentaban signos de descomposición, señal de que estaban hace días. Dichas muertes elevan a 29 el número de víctimas fatales en el penal El Rodeo en las últimas semanas, donde aún siguen amotinados centenares de presos.
Esa cárcel, ubicada a 50 km de Caracas, fue escenario de un enfrentamiento armado entre internos el 12 de junio, que se saldó con la muerte de 21 presos y un visitante. Desde entonces, las autoridades han intentado controlar el lugar evacuando a 2.500 prisioneros a otras dependencias, pero sus esfuerzos no han tenido resultados y, en cambio, dos guardias y otros cinco reos, incluidos los cadáveres retirados este jueves, perdieron la vida.
En medio de la tensión, representantes religiosos ingresaron al sector donde se mantiene el conflicto y se especulaba con que el motín podría acercarse a su fin. El Gobierno esperaba que el millar de presos que se mantienen hostiles se entregara, pero los familiares -que siguen con preocupación el caso en las puertas del penal- negaron que eso fuera a suceder y volvieron a reclamar que se informe debidamente de las operaciones que realizan las fuerzas de seguridad.
En El Rodeo, estaban recluidas un total de 4.700 personas, cifra que excede largamente su capacidad, estimada en menos de mil. La oposición denuncia que esa cárcel es un ejemplo de la crisis que atraviesa el sistema penitenciario actual, en el que la inseguridad y el hacinamiento ponen en riesgo la vida de los reos.
Lo ocurrido en las últimas semanas en el penal es, hasta ahora, el incidente más cruento registrado en la última década, aunque ya en el primer trimestre del año unos 121 presos perdieron la vida en distintas instituciones.
El gobierno venezolano "debe abrir de inmediato una investigación independiente sobre los fallos cometidos en El Rodeo, que establezca responsabilidades por el elevado nivel de armas en el interior de la cárcel, y garantizar que incidentes semejantes no se repitan en el futuro", pidió Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional (AI).