Guatemala desoyó un fallo de la CIDH y se negó a cerrar una mina

"Después de todos los estudios, análisis y participación de las distintas entidades (gubernamentales) involucradas, se concluye que no hay causal para la suspensión de la mina" Marlin I (subsidiaria de la canadiense GoldCorp), dijo el viceministro de Energía y Minas, Ricardo Pennington, a la prensa.

El informe fue expuesto ante la Mesa Técnica de Diálogo que se conformó el año pasado tras una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó en mayo de 2010 como medida cautelar el cierre de la mina Marlin, ubicada en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, unos 300 km al oeste de la capital y fronterizo con México.

La denuncia ante la CIDH había sido interpuesta por 18 comunidades que alegan haber sufrido problemas de salud a causa de la contaminación.

La decisión del gobierno fue fuertemente cuestionada por ambientalistas, que se oponen a que la mina siga operando.

Según la coordinadora de la Escuela de Pensamiento Ecologista Savia, Magalí Rey Rosa, el dictamen es "una señal de cinismo del gobierno, ya sea de (Alfonso) Portillo, (Óscar) Berger o (el actual Álvaro) Colom, porque un fallo de la CIDH se acata y no se discute".

"La resolución de la CIDH es clara de ordenar el cierre de operaciones temporales mientras se investigaba la denuncia", dijo a su vez el director del Centro de accción legal-ambiental y social de Guatemala (Calas), Yuri Melini.

Por otra parte, el director ejecutivo de GoldCorp, Mario Marroquín, expresó su satisfacción por el fallo gubernamental "porque a través de este proceso se pudo establecer que la compañía cumple con la legislación nacional e internacional".

Según indican datos de la empresa GoldCorp, entre 2005 y 2010, período durante el que estuvo operando en Guatemala, obtuvo 1.416 millones de dólares por la venta de oro y plata que extrae en esa zona indígena del país.