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Los 5.200 agentes del Instituto Nacional de Migración INM pasarán por exámenes de control de confianza: habrá pruebas toxicológicas, médicas, psicométricas y físicas. Para ingresar a la dependencia, además, se evaluará sus antecedentes penales y de patrimonio.
El gobierno de Felipe Calderón utilizará fondos de la Iniciativa Mérida -dinero estadounidense- para costear la depuración, adquirir equipos, tecnología y pagar capacitación del personal asignado a la protección de los migrantes.
Entre las nuevas medidas, se fortalecerá el Grupo Beta. Se trata de un equipo especialmente creado para la protección a indocumentados en tránsito. Su objetivo es brindar apoyo médico de primeros auxilios, alimentos y agua, además de orientarlos sobre los riesgos que implica su camino. Los betas no realizan detenciones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó "secuestros, maltratos, extorsiones, robos y ataques sexuales" a migrantes en 16 de los 32 estados de México. Cada año, unos 300 mil indocumentados centroamericanos y unos 400 mil mexicanos, recorren entre 1.000 y 4.000 kilómetros para llegar a los Estados Unidos. Desde secuestros extorsivos hasta reclutamientos forzosos para el crimen organizado, el camino acarrea una serie de riesgos, muchos mortales.
La CNDH, una entidad autónoma con financiación estatal, afirmó que los sitios "en los que se corre el riesgo de ser víctimas de la delincuencia se relacionan directamente con la ruta del tren que utilizan en su tránsito por México hacia Estados Unidos".
Concretamente, calificó de riesgosos a 71 municipios de Baja California, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.