La campaña presidencial de 1960 fue de las más memorables para los Estados Unidos. El candidato republicano Richard Nixon y el demócrata John F. Kennedy protagonizaron el primer debate entre candidatos a presidente que fue televisado en el mundo. Y, a lo largo de la contienda, se enfrentaron en cuatro oportunidades frente a las cámaras.
Esa primera experiencia dejó varias enseñanzas para los hombres de la política y sus asesores. Los analistas concluyeron, en aquel entonces, que Kennedy fue el amplio vencedor: aunque mucho más joven que su contrincante, lució elegante, vigoroso, seguro de sí mismo y con pleno control de sus emociones. A Nixon, en cambio, se lo notó nervioso y mucho se habló luego de su sudor, atribuido a que no se afeitó ni maquilló antes de su presentación.
La imagen ha sido, desde entonces, una preocupación importante de quienes aspiran a conseguir un cargo político en varios países del mundo. Además de tener programas de gobierno sólidos, respuestas concretas para las principales áreas de trabajo y recursos discursivos que optimicen el efecto de sus mensajes, los políticos cuentan con equipos dedicados a mejorar y corregir sus actitudes y su lenguaje gestual.
Los cinco principales aspirantes a la Presidencia en Perú se medirán el próximo 3 de abril en el segundo y último debate antes de los comicios que se celebrarán una semana después. Con algunas interrupciones, ese país adoptó la tradición en 1990, cuando se enfrentaron Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, y la mantiene a pesar de que su legislación no lo exige.
Mientras que los Estados Unidos, España, Francia e Italia cuentan con leyes que obligan a los candidatos a asistir a los debates, la mayoría de los países latinoamericanos no se han decidido a incorporar regulaciones de ese tipo.
Muchos expertos coinciden en que no es una normativa la que tiene que exigir a sus representantes que debatan públicamente (ya que a menudo pueden verse obstaculizadas por recursos o planteamientos particulares), sino que son las propias sociedades las que deben obligarlos con el fin de adoptar prácticas más republicanas y demostrar su compromiso cívico.
Un ejemplo de esas dificultades sucedió en 2006 en Ecuador cuando el Congreso congeló la Ley de Elecciones, con lo que eliminó esa obligatoriedad. Los principales aspirantes, no obstante, decidieron participar de un debate "por pedido del pueblo", según señalaron entonces.
En varios otros países también se ha cuestionado cierta "discrecionalidad" a la hora de determinar cuántos son los candidatos que pueden asistir a un evento de ese tipo, ya que en muchas ocasiones el elevado número vuelve casi imposible una discusión.
Pero más allá de las legislaciones, que en muchos casos son engorrosas (en algunos estados de México los debates son obligatorios, pero no así a nivel federal), varios son los países de la región que acogieron esa tradición con mayor o menor grado de seriedad: Chile, Colombia, Paraguay, Brasil, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y Uruguay.
En otros, en cambio, como El Salvador y Nicaragua, fueron los propios candidatos los que rehuyeron a debatir en ciclos organizados por entes privados o públicos. El actual presidente nicaragüense Daniel Ortega, por ejemplo, se negó a participar de un enfrentamiento televisado en 2006 organizado por la cadena CNN, una actitud que le costó fuertes críticas.
Existe un tercer grupo de países latinoamericanos en los que no se ha atendido al reclamo sobre la necesidad de los debates presidenciales: Venezuela, Bolivia, Honduras o Argentina son algunos de esos casos. En la última de esas naciones, como también en Bolivia y República Dominicana, existen esfuerzos (de partidos opositores) por implementar la obligatoriedad del debate.
Evolución política de una sociedad
El diputado argentino Gerardo Milman presentó, recientemente, un proyecto en el Congreso para adoptar el debate en caso de que ocurra una segunda vuelta electoral entre dos aspirantes. Señaló que la iniciativa promueve que los "candidatos tengan propuestas, no sólo eslóganes de campaña" y destacó que "la ciudadanía tiene derecho a informarse".
El legislador observó, además, que si existe una explicación para que algunos países no acepten los debates entre candidatos es por "la baja calidad institucional".
"El debate presidencial es un síntoma de la evolución de una sociedad política. Cuando una sociedad está evolucionada, es natural que exista debate y discusión", coincidió Norberto Consani, escritor y director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
El especialista opinó que sería difícil que ocurra un debate de esa naturaleza en el corto plazo en países como Venezuela, ya que "mientras más crispada está una sociedad, más se aleja de esa posibilidad porque no se tolera la opinión ajena".
Consani añadió que no es necesario que una ley obligue a hacer un debate, "es un problema de cultura política" y puso como ejemplo a la sociedad estadounidense, en la que "es impensable" que no se realice, no sólo entre partidos, sino en las internas partidarias.
El reciente uso de redes sociales y otras herramientas de internet para debates en los Estados Unidos, Brasil y otros países prueban que esas discusiones constituyen un instrumento que no sólo ayuda conocer mejor las propuestas de los candidatos, sino que también permite que sean interrogados por particulares, ampliando la participación ciudadana.