Entre los clientes del abogado Jorge Quiroz, que nació en Perú, pero tiene la nacionalidad boliviana, se encuentran las dos víctimas mortales que dejaron los violentos enfrentamientos que ocurrieron en abril entre la policía y la habitantes del poblado de Caranavi, que realizaron varios y extensos cortes de rutas para presionar al gobierno de Evo Morales, que rechaza la instalación de una fábrica de productos derivados de cítricos.
En este contexto, el 27 de septiembre, policías antinarcóticos allananaron las oficinas que posee junto a su mujer en La Paz, acusado por el Ministerio de Gobierno de estar vinculado con el narcotráfico. De hecho, los uniformados buscaban drogas.
Sin embargo, durante una entrevista, Morales admitió que él mismo ordenó la pesquisa y justificó su decisión en que Quiroz es un "infiltrado" del gobierno de los EEUU en Bolivia. "Yo he instruido que intervengan su oficina. Ahora estamos destapando cosas. Está confirmadísimo que estaba Estados Unidos", afirmó, con relación a los choques entre los comuneros de Caranavi y la Policía.
A raíz de estas declaraciones, Quiroz anunció que denunciará a Evo Morales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que se considera una perseguido político. Además, el abogado negó su vinculación tanto con el narcotráfico, como con la embajada de los Estados Unidos
"Estamos frente a una injerencia de poderes, el Ejecutivo en el Judicial, frente a ello, nosotros nos declaramos perseguidos políticos, porque la orden de allanamiento y toda esa atmósfera que se creó en torno a una supuesta comercialización de sustancias controladas [drogas], no era el fondo del asunto, sino [que] existía una injerencia del Presidente del Estado", sostuvo, el abogado peruano.