Los familiares de los mineros presentan la primera demanda

Luego de la alegría generada por encontrar a los mineros con vida, los familiares buscan justicia por la situación que les toca pasar. Presentarán el jueves la primer demanda contra quienes consideran responsables de la tragedia. Según el portal Milenio.com la cifra reclamada ascendería a los 40 millones de dólares.

La empresa San Esteban, que gestiona la mina deberá, no solamente hacer frente a los reclamos de los mineros, sino, también, las tareas de rescate. Los costos de sacar a los trabajadores del "infierno" en el que se encuentran a 700 metros bajo tierra se elevarán hasta 10 millones de dólares según estimaciones.

Mantener a la totalidad del campamento "Esperanza" y a las máquinas involucradas en el rescate significa un enorme consumo eléctrico. Son necesarios 10 mil litros de diesel por día, lo que significa una suma de 10 mil dólares por jornada.

Además, la nueva maquinaria introducida significará un desembolso de hasta 5 millones de dólares. El Estado financiará momentáneamente gran parte de estos gastos, pero esperará recuperar el dinero de parte de la empresa minera.

El abogado de la compañía, cuestionó las imputaciones hacia sus representados. Al mismo tiempo, sostuvo que la empresa podría declararse en quiebra por su imposibilidad de hacer frente a todos los gastos reclamados.

Frente a esta intención por parte de la compañía, los representantes legales de las familias afectadas profundizarán su estrategia. En caso de que la compañía no pueda responder a sus obligaciones, la demanda penal obligará a los dueños de ésta, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, a tener que hacerlo. Deberán, entonces, responder con sus bienes personales.

"Esto permite que, acreditada la responsabilidad penal, se abran los patrimonios de todas las personas que resulten sentenciadas y evita, desde el punto de vista civil, que la quiebra anunciada por la mina San José pueda tener resultado de ver a las familias de los mineros comprometidas en la obtención de las indemnizaciones de perjuicio", aclaró el abogado querellante.

Luego de que se produjera el derrumbe que dejó atrapados a 33 mineros en la mina de San José, las investigaciones comenzaron inmediatamente junto con tareas de rescate. Varias irregularidades confirmaron responsabilidades por parte de la empresa y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Al hacer contacto con los trabajadores, se conoció que intentaron escapar a través del ducto de ventilación. Sin embargo, la inexistencia de la escalera reglamentaria en el ducto les impidió avanzar hacia la superficie. Esa opción había sido también la primera opción de acceso pensada por los rescatistas, pero quedó totalmente bloqueada por una piedra, luego de un derrumbe.

La demanda contra los funcionarios estatales se centrará en la negligente habilitación para la reapertura de la mina. La mina que había sido previamente clausurada en 2007 fue rápidamente autorizada nuevamente en 2008.

La investigación sobre responsabilidades en aquel organismo evaluará si existieron sobornos para que se apruebe dicha resolución. Mientras tanto, el funcionario, cuya firma figura en la habilitación de la mina, Patricio Leiva, cree estar siendo utilizado como "chivo expiatorio".