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La decisión fue tomada por el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial salteño Marcelo Domínguez, quien se declaró "incompetente" para avanzar en la acción de amparo.
La causa fue promovida por un grupo de madres de alumnos que concurren a establecimientos educacionales públicos y por la Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.), una ONG de intensa actividad en la Justicia, mediante el mecanismo de "acción de clase".
La acción apunta a la "declaración de la inconstitucionalidad del artículo 28 inciso Ñ de la Ley Provincial de Educación 7.546 y la inconstitucionalidad e ilegalidad de la enseñanza obligatoria de la religión católica en las escuelas públicas", señala el fallo que envió el expediente al máximo tribunal local.
Además, la causa busca determinar "la inconstitucionalidad e ilegalidad de las actividades de los funcionarios escolares de la Provincia, que al hacer efectiva la aplicación de estas normas imponen la enseñanza obligatoria de la religión católica en las escuelas públicas provinciales".
Según las demandantes, la enseñanza religiosa obligatoria no contempla "opción, calificación y eximición de cursado de la materia a niños y niñas no católicos y no creyentes", y -del mismo modo- "resulta una práctica discriminatoria la inexistencia de un programa educativo alternativo que contenga al sector que no profesa el culto católico apostólico romano, viniendo a alterar el esquema familiar de la sociedad, cuyo garante debe ser el Estado".
"Los potenciales afectados no son sólo los que se encuentran dentro de las estructuras escolares, sino también todos los que eventualmente ingresen, dado el carácter obligatorio de la educación en casi todos sus niveles", añade la presentación.
La enseñanza obligatoria de la religión católica fue impuesta por la ley local número 7.546, de octubre de 2008.
"Si bien no pueden desconocer que el dictado de la materia de religión se hacía ya presente en algunas escuelas, con la sanción de la nueva Ley de Educación ha adquirido fuerza legal, conculcatoria así de los derechos y libertades", advirtió el reclamo de los padres y la ONG.