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El gobierno de Venezuela tomó ayer la segunda planta procesadora de arroz en 24 horas y anunció que continuará interviniendo y supervisando fábricas con el propósito de garantizar que el 90% de los alimentos que se distribuyen en el país lo sea en condiciones reguladas.
"La distribución de alimentos y la accesibilidad a los productos alimenticios es materia de seguridad de Estado que tiene primordial importancia y por eso estamos dando protección requerida a la máxima producción", afirmó el superintendente nacional de Silos, Carlos Osorio.
El funcionario efectuó esa declaración durante la intervención de la planta procesadora de arroz Mary, ubicada en Araure, en el estado Portuguesa, que tiene capacidad para abastecer un 15% del mercado interno, según fuentes oficiales.
La decisión de intervenir las plantas procesadoras de arroz fue anunciada el sábado por el autócrata Hugo Chávez, quien advirtió que si las empresas paralizaran la producción, ordenará la expropiación y les pagará con bonos.
Osorio aseguró que el gobierno inspeccionará no sólo arroceras sino "todas las plantas procesadoras de alimentos" para ver "si se está engañando a la población bajo el concepto capitalista de distribución de alimentos", informó la agencia noticiosa estatal ABN.
Además, explicó que la decisión de intervenir arroceras se debe a que las autoridades constataron que varias empresas productoras violaron la regulación que obliga a vender cierto volumen de alimentos básicos a determinados precios. Justamente una estricta política oficial de control de precios es lo que llevó a las empresas a resguardar las ventas.
"Esta anormalidad se nos está presentando en harina de maíz precocida, pasta de tomate, pasta de mayonesa y aceites que salen con características adicionales (saborizados), y cuando el ciudadano va al mercado, consigue el producto que duplica o triplica su precio por poseer características fuera de la regulación", indicó Osorio.
La planta de la Corporación Mary es la segunda gran arrocera que el gobierno intervino en 24 horas, luego que el domingo tomara posesión por 90 días de la planta de Primor, perteneciente al Grupo Polar -uno de los conglomerados empresarios más grandes del país-, en Calabozo, estado de Guárico.
El ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, sostuvo que los empresarios "están violando las leyes porque al sacar a la venta las presentaciones de arroz parbolizado y saborizado, están condicionando el consumo de los usuarios, ya que los obligan a consumir sólo las presentaciones que están ofreciendo".
Jaua aseguró que las plantas intervenidas no están paralizadas y negó que haya escasez de materia prima ya que, según dijo, "en los silos públicos y privados hay actualmente más de 300.000 toneladas, mientras el consumo mensual es de 90.000 toneladas".