Los fiscales de varios puntos del país saludaron la resolución del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, para que se aceleren las causas por delitos de lesa humanidad, y la consideraron un fuerte respaldo para las causas que ellos llevan.
Se trata de los fiscales federales de Tucumán, Emilio Ferrer, de La Rioja, Horacio Salman, y de la Capital Federal, Miguel Angel Osorio, que en declaraciones a Télam dieron su opinión sobre la resolución y precisaron detalles de las causas que se tramitan en sus fiscalías.
Ferrer tiene la causa por la desaparición del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, que involucra al ex gobernador Antonio Bussi y al que fuera jefe del Tercer Cuerpo del Ejército durante la dictadura militar, Luciano Benjamín Menéndez.
Según el representante del Ministerio Público en la provincia de Tucumán, la resolución refleja "un criterio que ya venía instruyendo" y en base al cual su fiscalía "trabaja intensamente".
La causa contra Bussi, con prisión preventiva desde el 2003, ya fue elevada a juicio oral, en concordancia con el criterio establecido por la Procuración.
La idea es que "estas causas por delitos de lesa humanidad se eleven a juicio aunque no esté firme", explicó el fiscal, al tiempo que recordó que "al elevarse a juicio oral la causa contra Bussi hubo oposición de la defensa, pero el juez no dio lugar y lo remitió a tribunal oral".
Por este motivo, si las causas cuentan con el procesamiento de primera instancia realizado por un juez de instrucción y tienen la conformidad de la Cámara (en caso de Apelaciones), pueden elevarse a juicio oral, aún cuando se presenten recursos por parte de la defensa.
Buscar la verdad
El fiscal federal porteño, Miguel Angel Osorio, tiene a su cargo la causa "Cóndor", que investiga la responsabilidad de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia en el intercambio de prisioneros y en la eliminación de los opositores políticos en esos territorios.
Osorio expresó su "absoluto acuerdo" con esta resolución y dijo que las dilaciones en estas causas son "casi una burla al reclamo de justicia de tantos años y hasta una burla a las víctimas directas, familiares y testigos y a toda la gente que ha trabajado en estas causas, como los fiscales, testigos y jueces".
El fiscal porteño dio cuenta de las dilaciones en las causas por "chicanas de la defensa" y por las "actitudes poco decididas de muchos jueces que hacen que en vez de continuar los trámites se frenen, muchas veces por temas paralelos a la investigación principal".
Osorio consideró que muchas veces "se torna interminable" la resolución de diferentes incidencias por parte de la Cámara de Casación e interpretó estas demoras "como un agravio muy fuerte a las víctimas directas de la dictadura".
En cuanto a la causa Cóndor, Osorio precisó que "una parte se elevó a juicio y fue a un tribunal oral", algo que aún no se concretó porque ese tribunal se declaró incompetente.
Una época oscura
El fiscal federal de La Rioja, Horacio Salman, tiene la causa emblemática de monseñor Enrique Angelelli, que murió en lo que pareció un accidente automovilístico el 4 de agosto de 1976, siendo obispo de la provincia de La Rioja, en un caso no aclarado, cuando habían pasado pocos meses del golpe militar de 1976.
Además, su fiscalía tiene otras tres causas por las muertes de otro sacerdote, un laico y un conscripto, todas ellas "bastante avanzadas, con requerimiento fiscal, imputados y gran cantidad de testimonios y pruebas", dijo Salman.
"Estamos en permanente contacto con la Procuración, que realiza un seguimiento diario de lo actuado en las causas que llevamos" vinculadas con violaciones graves a los derechos humanos durante la dictadura militar, consignó el fiscal.
Agregó que "en forma diaria" envían "testimonios y pruebas" a la Procuración, en concordancia con la celeridad que el ministerio público quiere darle a la resolución de estas causas que ya tienen más de 30 años.
Aseguró también que su fiscalía "sacó casi 40 causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de personas que hoy están vivas", y precisó que la mayoría ya está con requerimiento fiscal, "en pleno trámite".
Las 40 causas -continúo el fiscal- fueron divididas en cuatro, de acuerdo a los centros de detención en los que fueron detenidas ilegalmente las víctimas (Chilecito, Servicio Penitenciario provincial, Batallón 141 y Policía Federal), para darle mayor celeridad.
Finalmente, destacó otra decisión de la Procuración de designar al fiscal del Chaco, Jorge Eduardo Auat, a cargo de todas las causas por delitos de lesa humanidad que se lleven en las distintas fiscalías del interior del país.
