:quality(85)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/GTURQQLVKVBD3LYAIOHKWP23TM 420w)
Los prefectos fueron imputados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien no dispuso la detención de los uniformados. Tres de ellos ya fueron indagados y otros dos serán escuchados por la magistrada a partir de este miércoles.
De esa forma, ya son siete los integrantes de la Prefectura involucrados en la causa en la que se investiga la muerte del represor, ocurrida poco antes de que se conociera la sentencia en un juicio que se le seguía por crímenes cometidos durante la dictadura.
La jueza Arroyo Salgado ya había imputado por homicidio y dispuesto la detención del ex jefe de la Zona Delta de Prefectura, Rubén Iglesias, y del encargado de la custodia de Febres, Ángel Volpi.
Ahora llegó el turno del desplazado jefe de la fuerza, Carlos Fernández, quien deberá explicar las relajadas condiciones de detención en que se encontraba el detenido, ya que según los investigadores se trata de irregularidades que "no podía desconocer".
Según trascendió, la jueza descubrió que Febres recibía visitas no registradas mientras se encontraba detenido en dependencias de la Prefectura.
Febres apareció muerto el 10 de diciembre pasado en su lugar de detención, el edificio de la Zona Delta de Tigre. En tanto, la autopsia hecha sobre su cadáver determinó que fue envenenado con cianuro.
La denuncia
A las 11:30, organizaciones de Derechos Humanos presentarán una denuncia por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Sergio Torres y los integrantes del Tribunal Oral Federal número 5, por las condiciones de detención del fallecido prefecto Héctor Febres.
Luis Bonomi, representante de la querella en el juicio contra Febres, dijo que "hemos planteado en varias oportunidades el tema de los detenidos, nunca nos hicieron caso y se llegó adonde se llegó".
En el texto de la denuncia, las organizaciones de derechos humanos califican de "inexplicables e inadmisibles" las condiciones de detención de Febres y subrayan que los jueces responsables de la situación del prefecto "no pueden dejar de responder" por su muerte, hecho "que posibilitó que la impunidad reinante en nuestro país se siga perpetuando".
La denuncia alcanza al titular del Juzgado de Instrucción Federal 12, Torres, y también a los responsables del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, Guillermo Gordo, Héctor Farías y Daniel Obligado.
Firmaron el documento el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; las representantes de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle; y los letrados Myriam Bregman y Bonomi, representantes de la querella en la causa contra Febres.