Mundolunes 26 de marzo 2007

Nacionalizaciones en Bolivia continúan fracasando

Evo Morales está envuelto en más escándalos que resultados y ya ha ''quemado'' a tres presidentes de la petrolera estatal, un ministro, tres viceministros y tres superintendentes del sector

Crédito: EFE
El mayor éxito de Morales en su primer año de gobierno, la supuesta toma del ''control absoluto'' del negocio petrolero, elevó entonces su popularidad al 81 por ciento, pero se desmorona por una cadena de crisis y escándalos.

A última hora del viernes, Morales reconoció ''errores'' en la tramitación de 44 contratos firmados en octubre pasado con 12 empresas, entre las que figuran la brasileña Petrobras, la hispano argentina Repsol YPF y la franco belga Total, y nombró a su cuarto presidente de la petrolera estatal.

Un repaso a los artículos del decreto de nacionalización revela que casi ninguno está en vigor, advierten no sólo analistas, sino incluso ex funcionarios de Morales como su primer ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada.

El monopolio de la comercialización de los hidrocarburos que el decreto otorga a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) todavía está lejos de ser real.

La prometida ''refundación'' de esa empresa estatal naufraga con presidentes que duran 57 días, como el último, Manuel Morales Olivera, cesado por los errores -la oposición menciona ''delitos''- en la tramitación de los contratos petroleros, que no han entrado en vigor pese a que se firmaron hace cinco meses.

La recuperación estatal del control de cinco empresas mixtas, incluidas dos refinerías de Petrobras y una filial de Repsol, tampoco se cumplió.

Prácticamente lo único que expropió Morales son las acciones de esas compañías que teóricamente pertenecían a los bolivianos y administraban dos gestoras de pensiones, una filial del banco BBVA español y otra del grupo suizo Zurich.

Hasta Soliz, que compartió con Morales el protagonismo propagandístico de la nacionalización en mayo, rodeados ambos por militares en un pozo de gas de Petrobras, Repsol y Total, ha dicho que aquel decreto no se cumple.

En un reciente artículo en el diario La Prensa, el ex ministro pregunta: "¿Por qué Petrobras, pese a una aclaración del ministro Carlos Villegas (su sucesor), continúa asegurando que anotará como suyo el valor de las reservas probadas del país?''.

''¿Por qué las petroleras pretenden cobrar precios internacionales al consumidor interno? Toda la cadena productiva, salvo mínimas excepciones, sigue en manos foráneas'', cuestiona Soliz.

''No se ha avanzado nada en lograr que YPFB controle el 50 por ciento más uno de las empresas capitalizadas'', agrega el ex ministro.

Ante el Senado, que investiga el escándalo de los contratos, Soliz dijo el jueves pasado que sería conveniente volver a empezar las negociaciones.

El columnista Humberto Vacaflor, del diario La Razón, afirma que el decreto del 2006, pese a la retórica oficial, es apenas  "una reforma tributaria petrolera''.

El director del centro de estudios Fundación Milenio, Napoleón Pacheco, asegura que la nacionalización es ''irreal'' y que Bolivia no aprovecha los altos precios petroleros actuales.

Los analistas destacan además que los escándalos -más que la nacionalización en sí misma- frenaron totalmente las inversiones en Bolivia.

Morales intentó echar la culpa a la oposición, pero ésta, aunque rentabiliza los escándalos, no los ha desatado, pues fueron desvelados por disputas en el gobierno.

Al destituir a Morales Olivera, décimo ejecutivo desechado del sector petrolero en menos de un año, el presidente admitió estar "convencido de que garantizar las transformaciones profundas tiene costo''.

Aceptó ''errores'' en el trámite de los convenios, insistió en que el cesado no incurrió en delitos y dijo que "la nacionalización es un proceso que va a continuar''.

Al igual que en el caso de su primer presidente de YPFB, Jorge Alvarado, cambiado por violar el decreto de nacionalización, Morales mantuvo al último semanas después de que estallara el escándalo.

El fin de Morales Olivera se perfiló hace dos semanas, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Edmundo Novillo, reveló que el gobernante le había reclamado ''con violencia'' por los yerros en los contratos.

El cesado, cuyo nombramiento en enero pasado ya fue polémico, es hijo de un dirigente del partido gubernamental, Manuel Morales Dávila, y hermano de la directora de aduanas, Marcia Morales.

Cuando se objetó su designación porque no tiene título universitario ni experiencia en asuntos petroleros, como manda el estatuto de YPFB, el vicepresidente, Alvaro García Linera dijo que fue nombrado por sus "antecedentes familiares''.
EFE